El problema de la violencia y la inseguridad ya desbordó al gobierno, quien ha actuado bajo la quimera de “dejar hacer, dejar pasar”, para que, en un acto de contrición, los malosos se arrepientan de sus pecados y dejen de delinquir.
Tan se salieron las cosas de control que en Washington están más que alarmados con lo que sucede con un Estado fallido, por lo que en la reciente visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, se pusieron las cartas sobre la mesa para que se actúe de inmediato contra los capos de la droga.
El ”Abrazos no balazos” ha dejado de ser la orden para dar paso a declararle la guerra a los malosos como ha sucedido contra el criminal Rafael Caro Quintero, quien en un santiamén será deportado a Estados Unidos.
La balacera ocurrida la semana pasada en Topilejo, en la CDMX, en donde apresaron a una célula criminal del cártel de Sinaloa es otra señal de que, por fin, se está actuando conforme a derecho al repeler a los delincuentes, incluso a sangre y fuego.
EL pacto que hizo este gobierno con los grupos criminales y que se evidenció con la estrategia de Abrazos no balazos, se ha terminado por dos razones fundamentales, no se puede pactar con alacranes y menos pasarse la ley por el arco del triunfo, sobre todo cuando la seguridad nacional de los Estados Unidos está en riesgo ante el embate de los cárteles de la droga mexicanos, quienes están a punto de ser considerados terroristas por ese país.
En las próximos semanas habrán más pruebas fehacientes de que por fin el ejército, la Guardia Nacional y la Marina combatirán a los criminales y no crea estimado lector que vaya ser por gusto del gobierno de la 4T, sino por la presión que está metiendo Joe Biden a su homólogo mexicano.
Qué información tendrá la DEA y las agencias de inteligencia norteamericanas para poder obligar al gobierno a cambiar su malograda estrategia de proteger a los delincuentes por encima de las víctimas,
El país apesta a sangre por los más de 120 mil homicidios que han ocurrido en este gobierno y por los miles de desplazados que han abandonado sus lugares de residencia ante el embate de los grupos que actúan al margen de la ley.
Todavía es tiempo de que por mutuo propio el presidente López Obrador reconsidere su estrategia para meter paz y seguridad al país, al tiempo de recobrar esas enormes extensiones de territorio que está en mano de los criminales.
De persistir en el error de tratar con guantes de terciopelo a los delincuentes, seguramente este sexenio será estigmatizado por haber capitulado en favor de ellos.
Si el presidente cree que los criminales tienen palabra de honor, basta ver lo que ocurrió inmediatamente después de la captura de Caro Quintero, con el desplome del helicóptero en donde se trasladaban los marinos que participaron en el operativo de captura.
Solo un iluso mantiene la fe que alguien que no tiene principios ni valores y que mucho menos respeta la vida de los demás, vaya a tener palabra de honor para respetar un acuerdo de bajar los índices delincuenciales.
El problema y vaya que hay muchos, más urgente de resolver por parte del gobierno de la 4T es la violencia y la inseguridad, por encima de la crisis económica, la pandemia, la inflación, la crisis sanitaria y médica, el desempleo, el avance de la pobreza y el colapso de las finanzas públicas.
Son innumerables los conflictos que ha causado esta administración, pero hay uno que debe atenderse para darle la vuelta a la violencia y la inseguridad ya que de no hacerlo, los norteamericanos están prestos a intervenir para evitar que el problema cruce con más fuerza la frontera entre ambos países.
Se deben de sacar de la agenda pública, los temas de coyuntura que son más cortinas de humo y distractores cotidianos, para imponer y atender las demandas de justicia, seguridad, de cero impunidad y de otros temas que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
En los hechos seremos testigos del cambio de estrategia para combatir a la violencia, aunque en el discurso cotidiano se mantendrá el salvoconducto a los criminales con el “Abrazos, no balazos”.
