El reto que tiene el actual gobierno para el próximo año, será  mantener los principales indicadores macroeconómicos estables  como la paridad del dólar frente al peso o la inflación controlada en un dígito, además claro está, de controlar los ingresos en los rangos previstos en la ley respectiva para el próximo año, todo ello, en un contexto amenazante por la recesión económica en donde el crecimiento del PIB, rozará apenas el 1 por ciento.

De hecho, la pérdida generalizada de la actividad económica en México es real y si a ello le agregamos la amenaza  que representa la instalación del panel de arbitraje  para resolver la disputa  en torno a la política energética del presidente López Obrador en el marco del T-MEC, pues en menudo lío nos habremos metido por temas ideológicos y del concepto de soberanía mal entendida, en los que se empecina el tabasqueño.

En momentos que en la cámara de diputados se perfilan las discusiones sobre la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Político Económica 2023, se avizoran negros nubarrones, ante el excesivo gasto que tiene el autollamado gobierno de la 4T, por los programas de política social-electoral, las obras faraónicas y, por supuesto, el servicio de la deuda y las pensiones.

El subsidio a las gasolinas se mantendrá para controlar la inflación y aunque ello cause un boquete a las finanzas públicas (56.800 millones de pesos en la actualidad), continuará hasta la elección presidencial del 2024.

En la cámara baja se hacen cuentas de todo tipo y el enfoque depende del cristal con que se mira:  para los oficialistas, las ponderaciones  presentadas por la SHCP relativa a los Criterios Generales de Política Económica para el próximo año, son las adecuadas, en cambio para la oposición, son demasiado optimistas e irresponsables al colocar al país al borde del colapso; lo cierto es que al meterle más presión al presupuesto de Egresos, con las partidas secretas o el desvío de recursos públicos  que se destinarán para ganar la elección del Estado de México, sin duda, la economía vivirá altos riesgos, por decirlo de forma poco alarmante.

La prioridad para el gobierno de AMLO no es la economía y ni siquiera mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, es mantener su proyecto político más allá del 2024, año en que termina su gestión, y para ello es clave ganar los comicios en la entidad que tiene el padrón electoral más numeroso del país.

La austeridad franciscana de la que se jacta, se trata en el fondo, de eliminar plazas de trabajo, programas, dependencias y todo aquello que para el presidente es secundario,  en aras de tener los fondos suficientes para sus programas “compravotos” , además de contar con  fondos económicos disponibles en cash para la elección en cuestión.

En este contexto se debe desenvolver el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O y sus muchachos, por lo que su tarea, además de la de gobernabilidad, es la más complicada de todas. 

Para el día de hoy, estarán ante la  Comisión de Hacienda y Crédito Público de la cámara de diputados, el procurador Fiscal Félix Arturo Medina Padilla y el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, para analizar la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica 2023, que el Pleno cameral deben votar a más tardar el 20 de octubre.

Definidos los ingresos, seguirá el tema de la definición del PEF 2023, en donde se necesitan artes de prestidigitador para que alcancen los recursos.

Llama la atención que los legisladores de oposición escriban su carta los Reyes Magos para que se destinen partidas presupuestales a sus propuestas, como, por ejemplo,  la del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de incrementar en dos dólares el costo del barril de petróleo, frente al planteado en la Ley de Ingresos 2023  y con ello captar 26 mil millones de pesos adicionales que permitan crear un fondo participable en apoyo a estados y municipios.

Para ello, sugieren  proyectar en 70.5 dólares el precio de barril de petróleo y no los 68.5 dólares planteados en la propuesta de Hacienda para 2023, ya que el precio que se fija de los contratos a futuro se ubica en 90 dólares por barril.

No obstante que la OPEP redujo la producción de petróleo para mantener los precios internacionales altos y la expectativa de que vendrá un invierno severo, seguramente para mediados del próximo año, el precio de la mezcla mexicana estará en niveles inferiores de lo que espera la SHCP y entonces sí, a contratar más deuda cara, con los intereses por las nubes.

No es exagerado apuntar que el próximo año será el más complicado en temas económicos y sociales del sexenio de AMLO y por ende de los últimos 25 años.