Antes de que cayera enfermo el presidente, dio una orden fulminante y que se opera en consecuencia por las huestes de la 4T, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de la ministra Loretta Ortíz; la desaparición, previa inoperancia, del Inai.

Así es, la aberración contra este instituto por parte del principal huésped de Palacio Nacional llega a niveles de obsesión, tal como sucedió contra el INE cuando lo precedía Lorenzo Córdova y por ello instruyó a los senadores de su partido y al propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para evitar, primero, el nombramiento de los comisionados que hacen falta para que sesione el pleno, y segundo, incluso pugnar por su desaparición.

En este sentido, de ninguna manera sorprende la resolución de la citada ministra en el sentido de rechazar la petición del INAI para que pueda sesionar con los cuatro comisionados que tiene en estos momentos.

Es inadmisible que por criterios políticos y de fidelidad a AMLO, la ministra haya torcido la ley para impedir que una institución que es vital para la democracia y el respeto a diversos derechos humanos, continué en “modo pasivo”.

Lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el deseo de terminar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) atenta no solo  contra la rendición de cuentas y la transparencia, sino que también intenta encubrir con la opacidad a la galopante corrupción que prevalece en el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

El régimen democrático se consolida en la medida en que los funcionarios públicos exhiban a la luz del escrutinio público, todas sus tareas de gobierno y el ejercicio de los recursos públicos.

El Inai es una institución fundamental en el andamiaje jurídico para garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales; así como promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

En efecto, esta institución es uno de los principales contrapesos del Poder. Su autonomía constitucional fortalece su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad.

La negación de la ministra Loretta Ortíz, al aceptar un recurso que le permitiría  sesionar con solo cuatro comisionados al Inai, no solo afecta a este organismo en el presente, sino que compromete su operación y viabilidad hacia los próximos meses.

Al paso que vamos y de seguir esa línea que ordenó el presidente el Inai no volverá a operar los asuntos torales que le competen, por lo menos en lo que resta de este sexenio.

Así de grave fue, en primera instancia, el veto del presidente a los dos nombramientos de los comisionados para el Inai, aprobados por el Senado, luego, la inacción de Ricardo Monreal y sus senadores por procesar la aprobación de nuevos comisionados y ahora, el rechazo tajante de la ministra Loretta Ortíz.

Está el camino como opción  de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia a la Nación decida sobre el juicio constitucional.

La comisionada presidenta del Inai, advirtió que además de interponer un recurso de reclamación ante la Corte por la negativa de Loretta Ortiz, el instituto analiza acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

“El Inai es un instituto inoperante y botín de partidos políticos”; así de suavecito fue el argumento que esgrimió el suplente en las mañaneras, Adán Augusto López, titular de la Segob.

Así que, si alguien tiene esperanza de que por obra del espíritu santo salgan los nombramientos  pendientes de los comisionados o que el presidente desista en su obsesión por desapracer al Inai,  pues hay que aguantar sentado porque este milagro no se dará mientras el tabasqueño siga en la silla presidencial.

Cierto, a través de solicitudes de información a ese organismo se construyeron grandes investigaciones periodísticas como: la  estafa maestra de Segalmex, la “Casa Gris de Houston”, los inmuebles de Manuel Bartlett, los activistas cubanos con disfraz de médicos, la rifa del avión presidencial, caducidad de vacunas y medicamentos;  y más asuntos que ventilan la corrupción que prevalece en este gobierno, como la casi eliminación  de  licitaciones públicas  para dar paso a las adjudicaciones directas a los consentidos y familiares.