Una de las banderas que enarbola el presidente López Obrador como suya, es la de los programas sociales que algunos los diseñó e implementó;  y otros, los mantuvo como el de Adultos Mayores, pero más allá de la paternidad, lo cierto es que para la mayoría de los beneficiarios es necesario que se fortalezca el andamiaje institucional público para sacarlos de la pobreza y la marginación.

Los programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población ya tienen rango constitucional. El artículo 4 de la Constitución garantiza la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

La Carta Magna mandata que se debe contar con un sistema nacional de salud para  las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social; se debe garantizar el derecho a una pensión a las personas adultas mayores de 65 años; un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles, priorizando los que viven en situación de pobreza; apoyar a las personas con discapacidad y grupos indígenas, además de garantizar el  derecho a la alimentación, vivienda y medio ambiente adecuado para el desarrollo, es resumen a la inclusión social.

Sin embargo, en la realidad los programas sociales se utilizan como carne de cañón electoral y no con el propósito por el que fueron creados, ya que si fueran de utilidad ya se hubiera abatido en buena medida la pobreza que, con AMLO, aumentó en cuatro millones más de mexicanos.

En tiempos electorales como los de ahora, todos buscan sacarle raja política a los programas sociales y el primero en hacerlo es el gobierno de la 4T que se abroga la paternidad y el usufructo, sin considerar que, si bien es cierto que la entrega directa de dinero en efectivo a los beneficiarios fue idea de AMLO y  es una ayuda vital para la subsistencia de algunos;  en realidad, es una forma de mantenerlos viviendo a expensas de este apoyo, porque no se les  incorpora al círculo virtuoso de la productividad y menos se les acoge con el resguardo  institucional del gobierno, porque es deficiente, precario e insuficiente.

Verbigracia,  la  administración de López Obrador no es capaz de tener un sistema de salud que atienda a los sectores más vulnerables de la población,  ya no digamos como en Dinamarca, sino como estaba con Peña Nieto.

Al cancelar el programa de escuelas de tiempo completo o el de las estancias infantiles, solo por citar dos casos, se eliminaron instituciones y programas que tenían un impacto directo en temas como la educación, alimentación, apoyo a las mujeres y a sus hijos, para dar paso a la ayuda en efectivo.

Hay que decirlo con todas sus letras, con el disfraz del asistencialismo directo en efectivo, se creó una base electoral de beneficiarios que apoyan irrestrictamente al presidente.

Los jóvenes benefactores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, reciben 6,300 pesos mensuales por capacitarse en empresas, principalmente, de la iniciativa privada, para, después de un año, en teoría con las nuevas habilidades que adquirieron, poder realizar una actividad productiva.

Eso es en el mundo de los sueños, porque en la cruda  realidad, la mayoría de esos jóvenes dilapidaron el dinero recibido casi de forma gratuita y siguen siendo considerados como “ninis”, ya que ni estudian ni trabajan y peor aún, son carne de cañón de la delincuencia.

La Auditoria Superior de la Federación ha dado cuenta de los graves actos de corrupción que ocurren en la administración de los programas de política social, como el de tener a difuntos como  beneficiarios.

La sangría a las arcas públicas de todo ese dinero público que se entrega en efectivo y que, como ya citamos, para unos es una ayuda vital, pero para otros, es un incentivo para no trabajar y para algunos funcionarios del gobierno de la 4T, son fuente de ingresos mal habidos; para este año es de 598 mil 008 millones de pesos y seguirá en aumento cada año.

Esta progresividad del costo de la política asistencial representa una carga financiera y presupuestal muy severa para las finanzas públicas y que junto con las pensiones, la deuda y sus intereses, así como el rescate a Pemex y las ocurrencias del presidente como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o la construcción de la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, ponen al borde de la quiebra al gobierno de López Obrador.

El próximo presidente de México, sin importar su procedencia partidista, recibirá una bomba de tiempo por las precaria situación de las finanzas públicas, ya que los ingresos generados por el gobierno a través de los impuestos y otras vías, además del endeudamiento que en esta administración ya es más del doble de lo que contrajo Felipe Calderón, no alcanzará a cubrir el creciente gasto por el asistencialismo y los rubros que ya citamos.

Los programas sociales implementados por AMLO a la larga tendrán que desaparecer so pena de quebrar  a las finanzas públicas.