La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF)  permitirá que la Tesorería de la Federación, es decir el gobierno de AMLO, se agencie 15 mil millones de pesos;  ha provocado otro encontronazo en la Cámara de Diputados entre el bloque oficialista, quien aprobó en Comisiones ese agandalle, y el bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, y PRD, además de MC,  quienes ya amenazan que acudirán a la Suprema Corte de la Nación para interponer una controversia constitucional y echar abajo esa reforma.

La persecución contra el Poder Judicial responde a dos resortes, el primero, la persecución que realiza el presidente contra los impartidores de justicia y por otro lado, la falta de recursos económicos del gobierno para cubrir, principalmente,  el gasto corriente y fondear las obras insignia del presidente como son la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, amén del rescate de las empresas productivas del Estado, léase PEMEX y la CFE.

La oficialía de partes de la presidencia de la República que se encuentra en el Congreso, particularmente en la bancada morenista, del Verde y PT, obedece a pie juntillas las indicaciones presidenciales sin cuestionarlas y asumiendo los costos políticos de esa sumisión.

En momentos que el partido en el poder y rémoras están por definir el listado final de aspirantes a competir por las 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX que estarán en juego el próximo año, hace que los que piensan ser merecedores de tal distinción, realicen todo tipo de piruetas zalameras para que el presidente los voltee a ver y con ello sean colocados en esa anhelada lista.

Esta el caso de Ignacio Mier, pastor de los diputados oficialistas, quien sin prurito alguno impulsa la extinción de los fideicomisos y con ello entregarle en bandeja de plata 15 mil millones de pesos al presidente en un año electoral, en el cual son indispensables en la operación política para ganar la elección presidencial.

La extinción de esos fideicomisos del PJF atenta contra la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a decir de Saúl Téllez, legislador del PAN, aunque coincido más con el argumento esgrimido por la diputada panista Leticia Zepeda que señala que se busca debilitar al sistema de justicia por orden directa desde Palacio Nacional, ante el valor y la dignidad que han tenido los ministros por votar en contra de las decisiones y reformas inconstitucionales del presidente.

Los principales afectados por la extinción de los 13 fideicomisos son los trabajadores del poder judicial que en su conjunto representan más de 55 mil 800 personas., quienes podrán ampararse ante el atropello del poder público a sus derechos y recursos, amén de toda la cascada de querellas que se avecinan desde el bloque opositor del Poder Legislativo.

De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte, por 6 mil 241.9 millones de pesos; seis más son del Consejo de la Judicatura y otros dos le corresponden al Tribunal Electoral.

Ahora el asunto se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados y en caso de que se imponga el mayoriteo del bloque oficialista seguirá su ruta hacia la SCJN.

La iniciativa de extinción violenta la autonomía del Poder Judicial y además de ser una falta de respeto es una venganza y una perversidad que vulnera el trabajo judicial y lo pone en riesgo ante la cooptación y violencia del crimen organizado.

No dude estimado lector, que el máximo tribunal se pronunciara en su momento,  en contra de la extinción de los fideicomisos y con ello arreciarán los ataques del principal huésped de Palacio Nacional contra el Poder Judicial, lo que complica de más, todo el entorno político, social y económico en el país, en la víspera de las elecciones más concurridas de la historia.

Aquí se trata de la visión totalitaria que tiene el Jefe del Ejecutivo Federal por pretender someter a los otros dos poderes de la Federación, el Legislativo y el Judicial y en ese periplo contra la democracia y la división de poderes,  caminaremos hacia el próximo sexenio en donde a una mujer le tocará recomponer la relación institucional entre esa trípode que sostiene a la República.

Mientras tanto, una buena parte de los ataques que hace el presidente desde su tribuna mañanera se recrudecerán  contra los jueces, magistrados y ministros que osen contrariarlo con sus resoluciones.