Antes, tan solo se conformaban con mantener la producción y trasiego de drogas; luego, ampliaron el giro con la extorsión, derecho de piso, secuestros y los asesinatos; y ahora, participan directamente en las campañas políticas al apoyar a candidatos en plena connivencia, sin importar su origen partidista y si algún aspirante se opone a ser mangoneado por los criminales, lo pasan por las armas.

Tan solo en este año van 11 candidatos caídos por la violencia política impuesta a sangre y fuego por los malandros;   y por desgracia, y ante la ineficiencia de la autoridad de los tres niveles de gobierno, está cifra se incrementará a niveles inéditos.

Las nuevas franquicias políticas se generan en los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y los caballeros templarios, entre otros grupos de mafiosos que tienen injerencia en casi todas las entidades del país.

De acuerdo al Laboratorio Electoral en promedio se asesina a algún candidato cada cinco días del año y con la entrada en vigor a partir de mañana del periodo oficial de la realización de las campañas políticas, este indicador se mantendrá al alza.

Ante este sangriento escenario qué está haciendo el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, pues en términos reales, casi nada y no porque sea imposible proteger a los más de 100 mil candidatos que buscarán los más de 20 mil puestos de representación popular que estarán en juego en los comicios del 2 de junio, sino porque está más que demostrado, en la mayoría de los casos se carecen de los protocolos mínimos de seguridad, la instrumentación de acciones de inteligencia para anticipar los ataques y el combate a la corrupción, la impunidad y a la complicidad.

  Hay que decirlo con todas sus letras, la mayoría de los candidatos a las ocho gubernaturas y la Jefatura de la CDMX, el Congreso Federal y las principales alcaldías del territorio nacional, tienen dispuesto operativos propios para proteger su vida como el uso de vehículos blindados, así como la contratación de elementos de seguridad, sin embargo, esto no será suficiente para inhibir el embate de los criminales.

Los dirigentes  de estos grupos delincuenciales están perfectamente ubicados por las autoridades, pero se hacen como que la virgen le habla, cuando se trata de aprehenderlos.

No puede explicarse el poder que han ganado los cárteles sin la connivencia de las autoridades y estamos hablando de los tres niveles de gobierno, es decir,  desde presidente municipales, gobernadores y funcionarios de la 4T del máximo nivel,  están embarrados por el estiércol que arroja la complicidad y la compra de conciencias.

Desde San Lázaro, los integrantes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja, armaron un frente para exigir seguridad y evitar la violencia política en las próximas campañas, ya que de seguir con los brazos cruzados frente a la ola de violencia criminal se llevará a México a un narco estado.

Con este mecanismo, aseguran los legisladores, se dará seguimiento a todo acto de violencia e intimidación que padezcan los candidatos, para emitir la alerta respectiva.

Dicen que no se puede permitir que un poder fáctico decida sobre quien será legislador, alcalde o gobernador y por ello, se conformó un frente legislativo para alertar sobre la injerencia del crimen en el proceso electoral.

Se habla de que ya vivimos en un narco estado en donde los actos cotidianos de violencia lo confirman y de ahí la preocupación no solo en México, sino en otras latitudes como en Estados Unidos que ya ven a los cárteles de la droga mexicanos como narcoterroristas que amenazan la seguridad interna de ese país.

Usted cree estimado lector, que los criminales van a retirarse a vivir de sus riquezas luego de la finalización del proceso electoral, por supuesto que no, al contrario, saldrán a cobrar las facturas que les deben los candidatos que recibieron su apoyo, al tiempo de intentar ampliar sus  vastos dominios

Este es el principal reto que tendrá  enfrente y de inmediato la próxima presidenta de México y si quiere arrancar con el pie derecho,  tiene que dar golpes de autoridad en los primeros cien días de su gestión para que la ciudadanía confíe en ella.

Si observamos lo que ocurre en Guerrero, Zacatecas, Michoacán y Chiapas, por citar solo algunas entidades, con sus autoridades municipales y estatales, quienes en franca complicidad con los capos, se pliegan s sus designios;  con la renovación de esas autoridades que se dará con motivo del proceso electoral seguramente habrá más servidores públicos al servicio de los delincuentes.