La elección para renovar el Congreso de Coahuila dejó varias lecciones que en Palacio Nacional harían bien en analizar con detenimiento. Contra los pronósticos del oficialismo, el PRI obtuvo un triunfo contundente en los 16 distritos electorales de la entidad que redujo a Morena y PT a su mínima expresión política en una de las entidades más importantes del norte del país. No se trató solamente de una derrota electoral para la Cuarta Transformación, sino de una señal de advertencia sobre lo que podría ocurrir en otras regiones del país de cara a las elecciones intermedias de 2027 y a la sucesión presidencial de 2030.
Morena mandó a sus mejores cuadros para apuntalar a sus candidatos como Andy López Beltrán, Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel y varios legisladores federales, pero eso solo sirvió para asegurar la debacle del oficialismo.
Sin embargo, sería un error atribuir el resultado únicamente al rechazo hacia Regeneración Nacional. La victoria priista en Coahuila tiene una explicación mucho más concreta: el desempeño del gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez. Mientras buena parte del territorio nacional enfrenta una crisis de inseguridad que parece no tener fin, Coahuila se mantiene como una de las entidades más seguras de México. Y lo ha conseguido pese a estar rodeada de estados donde la violencia asociada al crimen organizado se ha convertido en una constante.
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas e incluso Chihuahua enfrentan diversos niveles de penetración criminal y episodios recurrentes de violencia. En contraste, Coahuila ha logrado mantener condiciones de estabilidad y gobernabilidad que hoy son reconocidas por sus habitantes. La seguridad pública no es un discurso en aquella entidad, sino una política de Estado respaldada por resultados medibles y visibles para la población.
Por ello, los coahuilenses no solamente votaron en contra de Morena. También votaron a favor de un gobierno que les ha ofrecido resultados tangibles. La confianza expresada en las urnas es producto de una administración que ha privilegiado la seguridad, la atracción de inversiones, la generación de empleos y la cercanía con los ciudadanos. En política, los resultados cuentan, y en Coahuila terminaron pesando más que cualquier narrativa ideológica.
Como ocurre después de toda victoria electoral, tampoco faltaron quienes intentan apropiarse de méritos ajenos. La victoria tiene muchos padrinos y siempre aparecen voluntarios para hacer caravana con sombrero ajeno. Tal parece ser el caso de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien seguramente buscará presentar el resultado como una validación de su liderazgo político. Pero la realidad es mucho más sencilla: el principal responsable del triunfo se llama Manolo Jiménez. De hecho, podría afirmarse que una de las mejores contribuciones de Alito Moreno a la campaña fue no convertirse en protagonista de ella. En una elección marcada por la evaluación ciudadana de un gobierno local, los liderazgos nacionales aportaron poco o más bien nada.
Más allá de las explicaciones locales, el resultado deja preocupaciones serias para Morena. Los números muestran que el partido gobernante no solamente perdió la elección, sino que obtuvo un respaldo menor al registrado en procesos anteriores. Es decir, lejos de consolidar su presencia, comenzó a experimentar un desgaste que seguramente se extenderá a otras entidades del norte del país.
Durante años, los estrategas del oficialismo sostuvieron que el avance de la Cuarta Transformación era irreversible. Sin embargo, Coahuila demuestra que ningún proyecto político es inmune al desgaste cuando los ciudadanos perciben problemas de seguridad, incertidumbre económica, ineptitud, corrupción, opacidad, penetración del narco y una creciente distancia entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana.
A ello se suma un factor que podría convertirse en una pesada losa electoral para el oficialismo en los próximos años. Las investigaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra funcionarios y políticos vinculados a Morena por presuntos nexos con organizaciones criminales amenazan con erosionar una de las principales fortalezas discursivas del movimiento gobernante: su supuesta superioridad moral frente a los partidos tradicionales.
Más allá del desenlace judicial que puedan tener esos expedientes, el daño político ya comenzó. Cuando una parte importante de la opinión pública empieza a asociar a determinados actores políticos con grupos criminales, los costos electorales suelen ser inevitables.
Coahuila es apenas el primer aviso. El norte del país históricamente ha mostrado una sensibilidad especial frente a temas como la seguridad, la inversión privada, el empleo y el Estado de derecho. Son asuntos que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de ciudadanos y que difícilmente pueden ser sustituidos por discursos ideológicos o campañas propagandísticas.
Otra lectura de Coahuila, es la derrota del PAN, quien cayó al último lugar en las preferencias electorales, por debajo incluso, de partidos políticos locales.
(CONTINUARÁ)
