Ahora que el gobierno federal abrió la consulta pública sobre el llamado derecho de las audiencias, valdría la pena ampliar el debate y colocar en el centro a los ciudadanos, no al poder. Si de verdad se pretende fortalecer los derechos de las audiencias, éstos no pueden limitarse exclusivamente a los medios de comunicación concesionados; también deben alcanzar a la comunicación gubernamental.

Los mexicanos tenemos derecho a recibir información veraz, verificable y completa, independientemente de quién la emita. Ese principio debe ser exigible tanto para un noticiario de radio o televisión como para las conferencias matutinas del gobierno, que hoy constituyen uno de los principales instrumentos de comunicación política del Estado. Cuando desde cualquier instancia pública se difundan datos inexactos, afirmaciones sin sustento, mentiras, o información que posteriormente resulte incorrecta, debería existir un mecanismo institucional ágil que permita su aclaración o rectificación oportuna. No se trata de censurar al gobierno ni de limitar la libertad de expresión de los servidores públicos, sino de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información confiable.

En una democracia, el derecho de las audiencias también debe traducirse en el derecho de la sociedad a exigir transparencia y rendición de cuentas. La desaparición del INAI dejó un vacío institucional que aún genera interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos disponibles para garantizar el acceso a la información pública. La confianza ciudadana depende, precisamente, de que toda autoridad esté obligada a explicar y documentar el destino de los recursos públicos y las decisiones que adopta.

Por ello, cualquier decisión de reservar información pública debe estar plenamente justificada dentro de los supuestos previstos por la ley y sujetarse a controles efectivos. La ciudadanía tiene un interés legítimo en conocer cómo se administran los bienes públicos, cómo se celebran los contratos gubernamentales y cuáles son los fundamentos de las decisiones que comprometen recursos de todos los mexicanos. La transparencia no puede depender únicamente de la voluntad política del gobierno en turno, sino de instituciones sólidas y reglas claras.

Si, como se ha señalado, el Ejecutivo federal prepara un decreto para ampliar el acceso a la información pública, preservando únicamente las reservas que legalmente correspondan por razones de seguridad nacional u otras excepciones previstas en la ley, esa decisión deberá traducirse en mecanismos efectivos que permitan a cualquier ciudadano obtener información pública de manera oportuna y verificable.

La democracia se fortalece cuando el poder acepta el escrutinio, responde con datos comprobables y corrige los errores cuando éstos ocurren. Por el contrario, la polarización, la descalificación permanente de quienes piensan distinto y el predominio de la propaganda sobre los hechos erosionan la confianza pública y debilitan la calidad del debate democrático.

El verdadero derecho de las audiencias no consiste únicamente en regular a los medios de comunicación. También implica que los gobernantes asuman el compromiso de comunicar con rigor, rectificar cuando sea necesario, rendir cuentas de sus decisiones y respetar el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Sólo así la información pública dejará de ser un instrumento de confrontación política para convertirse en un auténtico bien al servicio de la democracia.

AMLO en su sexenio acumuló miles de mentiras vertidas tanto en las mañaneras como en sus declaraciones públicas, tan absurdas como estúpidas, como es el caso de que tendremos un sistema de salud como Dinamarca, el litro de gasolina a 10 pesos, se terminó el huachicoleo, que se acabó la corrupción y que no se endeudó al país o que, con la construcción del tren Maya, no se cortó ningún árbol.

Buena parte del espacio de propaganda gubernamental en tiempos de El Peje fue utilizada también, para despotricar contra los que no pensaban como él y en gobernar en base a mentiras.

Esta práctica se retomó en el actual gobierno con una retahíla de falacias cotidianas y que, por ello, pierde total credibilidad su ejercicio de comunicar

Para el gobierno de la 4T solo existe una verdad y es la de ellos y por ello ahora se piensa regular la libertad de expresión y el derecho a la información, bajo la tutela de un censor gubernamental que sancione a los medios electrónicos que no se alineen al mensaje del oficialismo.

En esa misma lógica debería haber un censor ciudadano que sancione a los funcionarios públicos que mienten sobre el ejercicio de recursos públicos y sobre asuntos de interés general.

¿Dónde está el derecho de las audiencias sobre la mañanera?