Si los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum estuvieron determinados en buena medida por administrar la pesada herencia de Andrés Manuel López Obrador, los cuatro restantes tendrán que servir para algo mucho más trascendente: construir su propio legado. La historia difícilmente juzgará a la primera mujer presidenta de México únicamente por las obras que inaugure, los programas sociales que mantenga o las elecciones que gane Morena, sino por su capacidad para corregir aquello que recibió, incluso cuando hacerlo implique romper definitivamente con decisiones, personajes y dogmas de su antecesor.
El tiempo de responsabilizar a la herencia como maldita comienza a agotarse. A partir del tercer año, cada problema que permanezca sin solución será responsabilidad directa de Sheinbaum. La precariedad de las finanzas públicas, Pemex, la insuficiencia de recursos para infraestructura, salud y educación, la inseguridad, las desapariciones, los apagones en extensas regiones del país, la debilidad del Estado de derecho, la deuda pública y la incertidumbre que frena nuevas inversiones ya no podrán cargarse indefinidamente a López Obrador o administraciones pasadas.
El primer gran reto será fiscal. México necesita discutir seriamente una reforma que fortalezca los ingresos públicos sin convertirse simplemente en una maquinaria para cobrar más impuestos a los mismos contribuyentes. La OCDE insiste en que el país requiere fortalecer sus ingresos, mejorar la calidad del gasto y construir espacio presupuestario para inversiones productivas.
Una reforma fiscal responsable tendría que ensanchar la base de contribuyentes, combatir realmente la informalidad, perseguir la evasión y el contrabando, revisar privilegios fiscales y, sobre todo, garantizar que cada peso adicional termine en infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo. Cobrar más para mantener un aparato gubernamental ineficiente sería políticamente suicida; recaudar mejor para construir un Estado capaz de cumplir sus obligaciones sería una reforma de Estado.
El segundo gran desafío está en el Poder Judicial. A un año de la entrada en operación del nuevo modelo persisten tensiones administrativas, cuestionamientos sobre su imparcialidad y problemas derivados de su reorganización. Además, la incertidumbre institucional ya aparece entre los factores que inquietan a potenciales inversionistas. Reuters reporta que las dudas sobre el futuro del T-MEC y sobre el sistema judicial están frenando nuevas inversiones, precisamente cuando México debería aprovechar como nunca su posición geográfica frente al mercado norteamericano.
Sheinbaum tendría entonces que impulsar una corrección de fondo a la reforma judicial. No para regresar al viejo sistema con todos sus vicios, sino para garantizar algo elemental en cualquier democracia: que un juez no le deba el cargo al gobierno, al partido dominante, a intereses económicos ni a grupos criminales. Independencia, autonomía presupuestaria, profesionalización, carrera judicial y mecanismos rigurosos de selección deben convertirse nuevamente en pilares del sistema. La justicia no puede ser oficialista ni opositora; simplemente tiene que ser justicia.
El tercer reto será económico. México conserva enormes ventajas competitivas, pero la ventana de oportunidad no permanecerá abierta eternamente. La inversión extranjera directa alcanzó cifras históricas durante el primer semestre de 2026, pero buena parte correspondió a reinversión de utilidades, mientras la inversión nueva cayó 13 por ciento. Esa señal debería encender todas las alarmas en Palacio Nacional.
Por eso la relación con Donald Trump será determinante. Sheinbaum ha descubierto que frente al presidente norteamericano sirven más el pragmatismo, la comunicación directa y la negociación que la retórica nacionalista. México no puede darse el lujo de convertir a Estados Unidos en enemigo político cuando más de 80 por ciento de sus exportaciones tienen como destino ese mercado. La revisión del T-MEC, los aranceles, migración, seguridad, fentanilo y las investigaciones norteamericanas sobre políticos mexicanos obligarán a mantener un diálogo permanente, incluso cuando resulte incómodo.
Aquí aparece quizá la decisión política más difícil del sexenio: si desde Washington surgen acusaciones sustentadas contra funcionarios, gobernadores o dirigentes vinculados con organizaciones criminales, la presidenta tendrá que escoger entre proteger lealtades heredadas o defender al Estado mexicano. No puede haber soberanía utilizada como refugio de impunidad. La mejor defensa frente a las presiones extranjeras es que México investigue, procese y castigue a sus propios delincuentes, tengan o no fuero, partido o padrino político.
Claudia Sheinbaum ya tiene asegurado un lugar en los libros de historia por haber sido la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, pero su verdadera dimensión histórica dependerá de algo mucho más complicado: demostrar que llegó a Palacio Nacional no para custodiar al obradorato, sino para gobernar México conforme a las circunstancias de su tiempo y al orden constitucional
La emancipación política deberá ser total. No necesariamente mediante una confrontación pública con AMLO, sino recuperando plenamente las facultades presidenciales, alejando a personajes que representen costos para el país, reconstruyendo contrapesos institucionales, garantizando una justicia independiente y colocando la relación con Estados Unidos por encima de filias ideológicas.
