Ya se convirtió en una constante. Cada nueva fase de la Operación Enjambre encabezada por el gabinete de seguridad federal, con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, descubre hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en estructuras municipales. Alcaldes, exalcaldes, policías y funcionarios aparecen bajo investigación o son detenidos por presuntamente utilizar instituciones que deberían proteger a la población para favorecer intereses delincuenciales.

El caso más reciente es particularmente grave. Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal morenista de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido por autoridades federales y estatales acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado. La Fiscalía de Oaxaca sostiene que las investigaciones establecieron vínculos estratégicos con Los Cromos, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan además con una estructura dedicada presuntamente al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y otros delitos. Sánchez Altamirano deberá responder ante los tribunales y conserva, por supuesto, su presunción de inocencia.

El asunto rebasa, sin embargo, a un alcalde y a un partido. La Operación Enjambre arroja una radiografía alarmante de la vulnerabilidad institucional de los municipios. Al 8 de septiembre, García Harfuch informó que 111 servidores públicos vinculados presuntamente con estructuras criminales habían sido detenidos desde el inicio del actual gobierno. Entre ellos figuran presidentes municipales de distintos estados y fuerzas políticas.

El municipio se ha convertido en uno de los eslabones más vulnerables del Estado mexicano. Allí el crimen organizado encuentra policías mal pagados, presupuestos limitados, controles institucionales débiles y autoridades que conocen palmo a palmo el territorio. Controlar una presidencia municipal puede significar obtener información policial, protección, contratos, permisos, capacidad de extorsión y dominio territorial.

Por eso sería demasiado cómodo reducir el problema a la captura de funcionarios. Cada alcalde detenido obliga a formular preguntas anteriores a su llegada al poder: ¿quién lo postuló?, ¿quién revisó sus antecedentes?, ¿quién financió su campaña?, ¿qué controles aplicó su partido?, ¿qué sabían las autoridades estatales y desde cuándo?

Ahí comienza la responsabilidad política.

No existe evidencia que permita afirmar automáticamente que un gobernador está coludido con un alcalde acusado de actividades criminales. Pero tampoco resulta aceptable que los gobiernos estatales y las dirigencias partidistas simplemente se deslinden cuando uno de sus cuadros termina frente a un juez. Los partidos tienen responsabilidad sobre sus procesos de selección y los gobiernos, sobre el fortalecimiento de las instituciones encargadas de detectar redes de corrupción y protección criminal.

El problema adquiere todavía mayor relevancia rumbo a 2027. Morena se prepara para disputar 17 gubernaturas y ha avanzado en la definición de sus perfiles estatales. Si la lógica consiste en entregar a los grupos locales un peso decisivo en la selección de candidaturas, entonces esos mismos grupos deberán asumir la responsabilidad política por las personas que impulsen.

No basta ganar elecciones.

Hay que impedir que las boletas se conviertan en puerta de entrada para intereses criminales.

Y esto vale para Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT, PVEM o cualquier otra organización. El recuento publicado por El Universal sobre la Operación Enjambre mostraba que los alcaldes y exalcaldes alcanzados por los procesos provenían de distintas fuerzas políticas. La infiltración criminal en los municipios es, por tanto, un problema del sistema político mexicano y no patrimonio exclusivo de unas siglas.

Sin embargo, Morena tiene una responsabilidad adicional: gobierna el país, controla numerosas gubernaturas y posee una extensa estructura territorial. Por ello no puede limitarse a celebrar que el gobierno federal detenga funcionarios presuntamente corruptos; debe explicar qué mecanismos utiliza para impedir que personajes con relaciones criminales obtengan candidaturas.

La Operación Enjambre tiene un mérito que debe reconocerse: está atacando redes de protección política que durante años parecieron intocables. En mayo, investigaciones en Morelos llevaron a detenciones de alcaldes y funcionarios relacionados presuntamente con esquemas de extorsión; posteriormente fueron alcanzados otros presidentes municipales.

Pero detenerlos cuando ya gobiernan significa que el Estado llegó tarde.

La verdadera prueba consiste en impedir que lleguen.

México necesita filtros patrimoniales, fiscales y de antecedentes más rigurosos; investigaciones financieras cuando existan indicios fundados; controles efectivos sobre policías municipales; fiscalización del dinero de las campañas y partidos dispuestos a cancelar candidaturas cuando aparezcan elementos serios de infiltración criminal. Y cuando exista evidencia de complicidades superiores, las investigaciones deben subir toda la cadena de mando, sin importar partido, apellido o cargo.

Si las investigaciones terminan en los presidentes municipales, se habrá cortado apenas la parte más visible de las redes. Si existen pruebas que conduzcan hacia funcionarios de mayor jerarquía, deberán investigarse con exactamente el mismo rigor.

Ya basta de políticos al servicio de la mafia. Y, sobre todo, ya basta de partidos que descubren quiénes eran sus candidatos cuando la policía llega a detenerlos.