Cuando en el Congreso de la Unión los legisladores abordan el tema del robo de combustible y se escuchan reclamos por la omisión y ausencia de las autoridades en esta problemática que tiene que ver con la actividad de los llamados huachicoleros -nueva modalidad operativa del crimen organizado-, y nos dicen que el origen de este fenómeno social tiene que ver con la inseguridad y corrupción del país, muchos se preguntan sobre el grado de culpabilidad que en este asunto tiene el ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de esta semana, todos los partidos políticos, a través de senadores y diputados, abordaron el tema y externaron sus preocupaciones y diagnósticos en torno al delito de robo del hidrocarburo y la proliferación de los delincuentes identificados entre la población como huachicoleros.
El asunto que originó un análisis y posicionamiento de los grupos parlamentarios fue el enfrentamiento que derivó en batalla campal entre elementos de las fuerzas armadas y habitantes del poblado de Palmaritos, Puebla, la semana pasada, con un saldo de 10 personas muertas, cuatro de ellas soldados del ejército mexicano.
La mayoría de las exposiciones y diagnósticos sobre el tema refieren que Puebla es una de las entidades federativas que tiene una mayor presencia de los llamados huachicoleros, quienes operan en la zona conocida como “El Triángulo Rojo” y en la que la población del lugar señala que los ladrones del hidrocarburo están comandados por la banda criminal denominada Los Zetas. Actividad ilícita en la que se sospecha también de la complicidad en estos robos de las autoridades locales.
Son 22 entidades de la republica las que padecen está problemática, denunciaron desde tribuna los representantes populares y luego proporcionaron cantidades que hablan de miles de millones de pesos en pérdidas para Pemex, y en esa danza de cifras se dijo que tan solo en 2016 la empresa referida perdió más de 3 mil millones de litros de combustible por la ordeña de ductos.
El violento enfrentamiento registrado en Puebla no se debe volver a repetir, argumentaron los legisladores, al tiempo que se solidarizaron con las familias de los cuatro elementos del ejército que perdieron la vida al tratar de detener a los delincuentes dedicados a la ordeña de ductos y exigieron una investigación a fondo para deslindar responsabilidades en el robo del combustible, porque aunque los operadores son los huachicoleros se dice que estas acciones no podrían llevarse a cabo sin la protección de las policías estatales y municipales.
Ordeñas hay en entidades como Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Estado de México, pero donde el delito se comete con mayor frecuencia y se ha incrementado de manera grave en los últimos años es en Puebla, entidad que hasta hace unos meses gobernaba quien hoy anda placeándose por toda la república en busca de que su partido lo considere como aspirante a la candidatura por la silla presidencial que estará en juego el año próximo.
Ahora vemos que, por cuidar su imagen y distraerse en ambiciones políticas, el ex priista aplicó la teoría francesa del “Laissez faire, laissez passer” o lo que es lo mismo “dejar hacer, dejar pasar” en el tema de los huachicoleros, y los resultados son los que hoy los legisladores tratan de encontrar explicaciones y soluciones prontas. Ahora sí que como dijo un prominente correligionario de Moreno Valle, “haiga sido como haiga sido”, el poblano les debe una explicación pronta y expedita a sus paisanos y a los panistas en general que lo andan promoviendo para retos de carácter nacional, aunque queda claro que ese ímpetu puede desaparecer ante la evidente razón de que si no pudo con los problemas locales de Puebla, Moreno Valle menos podría con los nacionales. Eso dicen.
