Ya se  aprobó en comisiones de diputados, el hibrido que representa el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de actualizar la estructura y funcionamiento del gobierno, así como crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar, entre otras adecuaciones y nuevos ordenamientos.

Son múltiples los alcances del dictamen y tiene demasiadas aristas que merecen por parte de los legisladores un análisis mucho más profundo. En lo que corresponde a la seguridad pública y política social, se hicieron sobre las rodillas y sin las aportaciones de la sociedad civil, toda vez que, por ejemplo no  se tomaron  en cuenta las conclusiones de los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, los cuales recogieron  las opiniones de las víctimas de delitos, así como las propuestas de los especialistas del conversatorio realizado por la Comisión de Gobernación y Población, quienes sugirieron atender el tema de reinserción social e integrarlo a la Secretaría de Gobernación.

La diputada Julia Prudencio González (MC) apuntó en torno a la función de los súper delegados o los virreyes de AMLO, adscritos a la SB, que el dictamen no precisa sus atribuciones: “Es un error, pues se requieren personas especializadas que cumplan los controles de confianza que la misma ley establece”.

Así las cosas, mientras que los diputados de Morena defendieron con todo el dictamen, los legisladores del PAN, como Adriana Dávila Fernández,  advirtieron que el engendro aprobado va no sólo en contra de principios constitucionales, sino muestra desconocimiento de lo que es el trabajo en la administración pública. Señaló que nombrar como secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad a los delegados, es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Además, “se estarán repartiendo programas en una estructura electoral que conlleva a la casi desaparición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

La mescolanza de funciones entre servidores públicos adscritos a la secretaría del Bienestar, con atribuciones de la SSP, es inoperante.

El legislador blanquiazul, Miguel Alonso Riggs Baeza pidió ser objetivo respecto a que un súper delegado no va a tener la capacidad de aterrizar programas sociales y, al mismo tiempo, participar en los consejos estatales de seguridad. “¿Qué persona podrá llevar a  cabo estas tareas, sin aprobar los controles de confianza?”, cuestionó.

Lo frustrante es que no se plantea una estrategia en materia de seguridad ni una en desarrollo para el bienestar de la familia.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) señaló que el sistema que se implementa para el próximo secretario de Seguridad, ya existía hace varios lustros, en donde se mezclaban las tareas de inteligencia  del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) con actividades de seguridad pública,   es decir, lo político con lo policial, “donde la policía no sólo perseguía el delito, sino también a los políticos que no coincidían con el sistema. Es exactamente el mismo diseño.

La prisa que tienen los morenistas por aprobar este dictamen y otros que les ordenó el presidente electo López Obrador, hace que todo sea producto de la improvisación y la ignorancia.

El dictamen carece de instrumentos que garanticen la gobernabilidad, eviten la duplicidad, tortuguismo, falta de eficacia y el impacto que esto tendrá en otras leyes y ordenamientos, y su repercusión presupuestal.

Esperemos que cuando se lleve al pleno la discusión de este proyecto, prevalezca la serenidad y cordura para que los señalamientos y las reservas que han expresado los legisladores de otras fracciones partidistas, diferentes a Morena, sean tomadas en cuenta, si no es así, le dejarán al próximo presidente un Frankenstein que no podrá enfrentar y resolver los problemas que asfixian al país, como la inseguridad pública o la marginación y la pobreza extrema.