Ya con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal por parte de la Cámara de Diputados, irrumpen formalmente al escenario político los llamados superdelegados que no solo asumirán funciones que ejercían los delegados federales estatales, sino también atribuciones de seguridad pública.

Considerados por algunos como vicegobernadores o virreyes, tendrán, también un roll preponderante en la estructura partidista de Morena, ya que, con la operación de los fondos federales de los programas asistenciales, podrán ir conformando una muy buena estructura electoral que les permita ganar las elecciones intermedias del 2021 y por supuesto, también las de gobernador y todas aquellas que se les crucen en el camino.

El engendró aprobado por los legisladores, violenta el orden constitucional, particularmente, lo relativo a las atribuciones de los gobernadores de los estados, además de otros ordenamientos que puntualmente cita la Carta Magna.

De hecho, las bancadas del PAN y del PRI en el senado ya adelantaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la citada ley, debido a que se concentra el poder político, presupuestal y de fuerza pública en una solo persona, los super delegados, y pone en entredicho la soberanía y autonomía de los estados de la República.

Por su parte los gobernadores, en privado muestran su total desacuerdo y algunos, en público, como Enrique Alfaro, de Jalisco y los emanados del PAN, se han manifestado totalmente en contra de la medida.

Mientras son peras o son manzanas, la reforma se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la pregunta es, si lo hará Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, en cualquiera de los casos, se tendrán dos mandatarios en las entidades, uno legal y constitucional; el otro, se mantendrá en suspenso hasta que la Suprema Corte, declare su inconstitucionalidad.

  Los inconformes, manifestaron su disposición a trabajar con el nuevo gobierno, empero ello no debe ser entendida como sometimiento de los órganos locales, incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar.

El próximo gobernador de Jalisco, fue más allá, al declarar que a partir del 6 de diciembre, fecha en que asume la gubernatura, el delegado nombrado por López Obrador, no tendrá cabida en esa entidad.

Es de tal gravedad el asunto, que, no me lo crea, pero algunos gobernadores, están dispuestos a irse por la ruta del separatismo, si la Suprema Corte, no se pronuncia en contra de la creación de los superdelegados.

El presidente electo ha dicho que los municipios y los estados son libres y soberanos, por lo que tiene que ser respetuoso de las autoridades locales, sin embargo, su decir se contradice con lo expresado en las atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Lo que en un principio se vislumbraba como una excelente medida para reducir el aparato burocrático y la simplificación administrativa, al eliminar 2300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de diversas dependencias federales que sirven de enlace con el gobierno estatal, se convirtió en un instrumento político-electoral del tabasqueño.

Los también llamados virreyes forman parte de la estructura de la ya aprobada Secretaría del Bienestar, aunque, en la práctica también llevarán a cabo tareas de coordinación de acciones en materia de seguridad pública.

Dice el senador Miguel Ángel Osorio Chong que da la impresión de ser una fábrica de precandidatos, yo digo que es un grupo de funcionarios, que sin haber ganado la elección respectiva, serán gobernadores de facto.