Cuando uno lee noticias como el hecho de que el Pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad, es decir con el voto de todos los partidos políticos representados en dicho recinto legislativo, la nueva Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que abroga la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, y permitirá acelerar los trabajos de edificación y reparación de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando uno se entera de eso es un hecho que una población importante de los capitalinos aplaude la acción y de seguro su primera expresión es la de “ojalá”.

Ojalá, porque para nadie es desconocido que a más de una año de distancia el tema de la reconstrucción en la Ciudad de México es un expediente abierto que requiere ser atendido con urgencia por las nuevas autoridades del gobierno capitalino ya que, aunque hace un año el Congreso de la Unión autorizó fondos especiales para diversas acciones en la materia, los cuales requieren de una supervisión y un seguimiento claro que transparente la asignación de los mismos, la realidad nos dice que muy poco se ha hecho al respecto y los afectados siguen esperando que alguien les tienda la mano en esta desgracia.

Entre los absurdos que a lo largo de 15 meses, después del fatídico 19 de septiembre, se han dado en este tema resalta el hecho de que tres ahora ex diputados (Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero) pretendían querer manejar a su antojo un recurso público destinado a la atención de familias damnificas por el sismo de septiembre pasado, y lo que al final de esa acción se veía era una historia que no solo reflejaba ambición y poder político, sino también corrupción, indolencia, mezquindad y arrogancia.

La ambición de esta triada de legisladores, afortunadamente fue atajada en su momento por la propia Asamblea Legislativa y además eso dio pie para que en la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, se constituyera una Comisión Especial para dar seguimiento al destino de los recursos para la reconstrucción y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Hoy, después de un aparente impase, originados principalmente por el proceso electoral y el cambio de gobierno en la capital, hoy la legisladora Esperanza Villalobos explicó que “la ley aprobada, a diferencia de la anterior, da mayores facultades al Gobierno de la Ciudad de México, crea varios comités de apoyo y refleja la opinión de la ciudadanía, la cual fue concentrada a través de mesas de consulta instaladas en las 16 Alcaldías.

Entre los comités de apoyo cuya creación contempla esta ley están el Comité Científico Asesor, que brindará información técnica y científica, el Comité de Grietas, que estudiará las fallas geológicas que cruzan la ciudad, y el Comité de Transparencia, que clarificará la información de la reconstrucción.

“Tenemos una deuda histórica con esta ciudad y estamos en el momento preciso para poder empezar la reconstrucción”, afirmó la diputada de Morena.

Reitero, la medida es digna del aplauso, pero aquí lo importante será que de inmediato esas acciones aprobadas aterricen en los campamentos, en los predios baldíos después de la demolición de edificio y casas afectadas, entre quienes siguen en terapia y atención hospitalaria, y si eso sucede entonces sí podrán los capitalinos decir que valió la pena esperar hasta el cambio de gobierno y la instalación de un congreso en la ciudad de México. Ojalá