La acusación lanzada por el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de que hay gobernadores que acosan y presionan a los auditores para hacerlos a su modo, es seria y debe ser denunciada, con nombres y apellidos, ante las autoridades, ya que además de ser un tope en la lucha contra la corrupción vulnera la correcta fiscalización del erario.

David Colmenares Páramo  afirmó que “no podemos ser realmente efectivos en la lucha contra la corrupción con el estatus en que muchos estados han mantenido a sus auditorías superiores, por la evidente vinculación política que existe, la dependencia para financiarlas y los obstáculos para mantener en los cargos a los auditores cuando hay un cambio de gobierno, sin importar el color del partido que llegue”.

 Coincidimos con Colmenares Páramo cuando señala que es  fundamental  encontrar mecanismos de coordinación, intergubernamental, interinstitucional entre poderes para combatir la corrupción con eficacia. Fortalecer y dar autonomía a las auditorías superiores de los estados es el reto que consolide este proceso y prevenir malos manejos del gasto público.

Las contralorías de las entidades federativas y las mismas Auditorias Superiores deben ser autónomas y estar federalizadas, de otro modo, será muy difícil que cumplan con las atribuciones que por ley, tienen. 

Robustecer las funciones de las auditorías superiores estatales forma parte de un paquete de cambio, junto con las actividades de la ASF, de la Secretaría de la Función Pública y de contralores en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

Durante el Foro Internacional “Mejores Prácticas en Materia de Fiscalización” organizado por la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores de Vigilancia de la ASF, el titular de la ASF refirió presiones a auditores en diversos estados de la República, mediante la retención de recursos presupuestarios y la realización de fiscalizaciones personales; hay casos en donde no renunció el auditor y desaparecieron la auditoría de esa entidad y crearon un organismo con otro nombre, a quien critica lo acusan de fraude y lo meten a la cárcel.

“La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos públicos es un trabajo difícil por las presiones que reciben los auditores en los estados, entonces sólo con la coordinación institucional entre los auditores y el apoyo que ofrezca la Cámara de Diputados se podrán consolidar las acciones”, afirmó Colmenares.

Esto no es nuevo, sin embargo, por fortuna con el paso de los años, en algunas entidades, los diversos organismos públicos y privados que hacen auditorias, las llevan a cabo sin presiones de ninguna especie, aunque esta práctica se debe generalizar.

Karla Fernanda Barrera Caballero, representante de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito acotó que se debe reforzar el régimen de elaboración y supervisión  de las licitaciones donde interviene el Estado; es decir, que las dependencias gubernamentales se coordinen con el sector empresarial y las organizaciones civiles para identificar el beneficiario final de una empresa o los activos y, con ello, evitar empresas fantasmas.

Jacobo Pastor García Villarreal, especialista senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que la rendición de cuentas, no sólo debe llevarse más allá del ejercicio de los recursos públicos sino hacia resultados de las políticas públicas; es decir, “hacer más con menos y generar mayor eficiencia, y estar seguros que en donde se invierte el presupuesto se están generando resultados”.

Los gobernantes deben darse cuenta que un auditor a modo no sirve; uno que hace bien su trabajo le es útil al gobierno para generar información, evaluar su actuar y preparar el futuro