Aunque desde hace por lo menos dos años se sabía que el sargazo iba a contaminar la Rivera Maya y los principales destinos turísticos de Quintana Roo como Cancún y Playa del Carmen, el gobernador Carlos Joaquín González lejos de encarar el problema con prontitud y decisión, se hundió en el mar de la corrupción y la ineptitud.

Desde la semana pasada, en el senado de la república se acordó enviar un exhorto a la Auditoria Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a varias entidades de fiscalización de la entidad con el objeto de fiscalizar 240 millones de pesos, manejados en 2018 por el gobierno estatal.

Según la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente local (SEMA), la administración de Carlos Joaquín recibió en junio del año pasado, de acuerdo a una nota de la corresponsalía de El Universal, 62 millones de pesos del FONDEN que se sumaron a 20 millones que ya habían aportado por el gobierno estatal para reforzar los trabajos en playas de los cuatro municipios más afectados: Tulum, Othón P. Blanco, Cancún y Puerto Morelos. La cantidad se fue incrementado hasta llegar a los 322 mdp.

En una historia en que mediaron contratistas a modo y recursos privados y públicos, emana un tufillo insoportable de corrupción que el día de ayer intentaron ocultar al presidente López Obrador, en su visita a la entidad.

El sargazo es una planta marina flotante que sirve como hábitat importante para muchas especies marinas, ya que proporciona alimento, sombra y refugio de peces, camarones, cangrejos y tortugas y ahora, uno que otro gobernador.

En el verano de 2013 en el Caribe mexicano se reportó la llegada de cantidades atípicas de esta macroalga a las costas. Esto continuó de forma esporádica durante los siguientes meses. En 2018, durante los meses de marzo a junio, se presentó nuevamente la llegada de cientos de toneladas a las playas de QROO.

A pesar de los 322.5 millones de pesos que se han destinado a enfrentar este grave problema ambiental y económico, aún no se encuentra cerca de ser resuelto y por el contrario, se ven pocos resultados de las acciones implementadas. Adicionalmente hay que agregar la discrecionalidad en el manejo de esos recursos.

En el exhorto del Senado se precisa que resulta indispensable que el gobierno de Quintana Roo, transparente el dinero ejercido para atender esta problemática, ya que la poca transparencia en su manejo solamente propicia la especulación sobre eventuales malos manejos que se le han estado dando a los recursos. Dando la impresión de que el gobierno estatal solamente está lucrando con la tragedia, por lo que debe transparentar los procedimientos licitatorios, los contratos otorgados, los montos ejercidos en cada caso.

Así las cosas, el Punto de Acuerdo del exhorto solicita a los entes públicos encargados de fiscalizar el gasto de recursos públicos a investigar a fondo el asunto en el entendido que el titular del Poder Ejecutivo Estatal del estado de Quintana Roo, remita un informe a esa soberanía sobre el debido ejercicio de 240 millones de pesos utilizados en la estrategia de atención del recale masivo del sargazo en el caribe mexicano.

Si se observará que en las playas está presente en forma discreta el sargazo podríamos señalar que ha tenido un éxito relativo la estrategia de contención, sin embargo, son cientos de toneladas que inhiben la presencia de los turistas. El estado de descomposición del alga provoca olores nauseabundos y fauna nociva. 

La joya del turismo mexicano muere por la corrupción, el sargazo y la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que, aunque QROO creo su propio Consejo de Promoción, pues hace falta el recurso que aportaba el CPTM para apuntalar la promoción en los mercados internacionales.