Ahora que está de moda reformar las leyes a capricho, sería bueno establecer un sistema de evaluación que califique a cada uno de los legisladores, así como a las bancadas en conjunto, además, claro está, de evaluar a todo el aparato legislativo y las leyes que de ellos emanen.

No solo me refiero a vigilarlos en torno a la puntualidad y asistencia a las sesiones o al cumplimiento de un código de ética y respeto, sino  que, las leyes que aprueben,  realmente sean para impulsar el desarrollo del país, bajo premisas fundamentales como la inclusión social, la sustentabilidad y por supuesto, el respeto a los derechos fundamentales del hombre, además de otros conceptos de relevancia que estén en plena concordancia con la Carta Magna

Se podría argumentar en contra de esta propuesta que es la misma Constitución quien norma el accionar del poder Legislativo, sin embargo, en la práctica hay cada ocurrencia de los senadores y diputados, tanto federales como locales, que en verdad se requiere ese sistema de evaluación.

De hecho ya hay algunas ideas de las agrupaciones de empresarios para evaluar a los legisladores, como la  COPARMEX CDMX, quien considera indispensable se ponga en marcha un sistema de evaluación legislativa, ellos se refieren al congreso capitalino, empero debe extenderse a todo el poder legislativo.

El presidente de la COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno propone al congreso local realizar los análisis y estudios pertinentes para que en el futuro detecte problemas de omisión, negligencia, falta de acuciosidad y armonización de las leyes.

Hay Normas recientemente votadas y aprobadas en el órgano legislativo de la capital del país como el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, llamada #LeyDespojo, además de la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Movilidad Sustentable y la Ley de Participación Ciudadana, así como el retraso en la creación de instituciones y nombramientos vinculados al Sistema Local Anticorrupción entre otras, han debido ser modificadas o postergadas por los visibles errores encontrados tras su publicación, mismas que pudieron haber ocasionado un alto costo político y operacional dañino para la ciudad.

Además, este I Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas traducidas en la carencia de informes en su portal de Internet, así como de la misma constitución local que ha sido modificada, pero se carece de una actualización diaria, lo cual deja en la indefensión los derechos de los ciudadanos de esta urbe.

COPARMEX CDMX considera urgente conformar un sistema evaluador desde el punto de vista técnico jurídico y generar los parámetros necesarios para que las leyes que del Congreso emanen, cuenten con un mínimo nivel de eficacia en el establecimiento de políticas públicas que permitan lograr niveles de calidad y sean eficaces para los fines pretendidos.

Jesús Padilla Zenteno recordó que desde el Centro Empresarial en la Ciudad de México, en enero del año pasado se realizó esta propuesta con el fin de que las nuevas leyes o las reformas por realizar “no se contrapongan a las ya existentes e, incluso, a la misma Constitución, evitando de esta forma los juicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los diferentes juicios que se observan a diario en los tribunales”.

Los órganos evaluadores propuestos por la COPARMEX CDMX deberían ser conformados por verdaderos ciudadanos especialistas, entre otros, en temas de derecho constitucional para que no existan conflictos de interés y se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad y compromiso de la sociedad que realmente quiere cambios en la forma de gestionar la vida pública de la ciudad, apuntó Padilla Zenteno.

La evaluación sistemática de la ley es una herramienta que se ha utilizado de manera importante en la experiencia comparada, especialmente en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para optimizar el nivel de eficiencia de los cuerpos normativos y de las políticas públicas que éstos regulan.