En materia de corrupción es muy recurrente escuchar que quienes son acusados por cometer este tipo de delitos en el servicio público, por lo general, sus faltas son sancionadas con penas menores y son solo de tipo administrativo, esto aun cuando la presentación de facturas falsas y la creación de empresas fantasmas hablan de defraudación fiscal y en muchas ocasiones hay una confabulación delincuencial.
Ahora bien, de acuerdo al diagnóstico nacional, el problema de la corrupción solo está por debajo de la problemática de inseguridad que vive el país, y en ese contexto nos preguntamos por qué se ha tardado mucho completar el andamiaje legal que acompañará a las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en lo referente al castigo con cárcel a quienes emitan o adquieran facturas falsas, así como a quienes crean o utilizan empresas fantasmas para evadir al fisco o para robar impunemente a las arcas públicas.
Hace dos días, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, informó que hay interés de su bancada parlamentaria, Morena, en la agenda d trabajo para el periodo de sesiones ordinarias que inicia en septiembre, impulsar el desahogo de las leyes secundarias para precisar los alcances de la reforma aprobada por el legislativo que modifica la fracción III del artículo 113 de Código Fiscal y adiciona un 113 bis, en los que se establece una sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y de tres a seis años de cárcel a quien expida o enajene los mismos.
El decreto de dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de mayo del año en curso, y su proceso legislativo inició con su aprobación en la Cámara de Senadores en noviembre pasado para continuar con el trámite en la Cámara de Diputados, donde se les dio el visto bueno y aprobatorio a principios de abril del año en curso.
En su argumentación para transitar positivamente esta iniciativa de reforma, el legislativo señaló que esta modificación legal tiene como propósito desincentivar el delito de emisión de facturas que simulen operaciones inexistentes, además de coadyuvar con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal.
Es cierto, las iniciativas y modificaciones legales suelen recorrer por largos caminos de análisis, debate y consulta, pero si consideramos que el tema de la corrupción requiere un freno urgente con sanciones más severas a quienes incurran en este tipo de prácticas, no es entendible el por qué aún no se hayan logrado los acuerdos para que el legislativo actúe en consecuencia.
Hay muchas acciones por realizar en la materia, pero si las modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación permiten a los entes públicos, en principio, erradicar la corrupción en la adquisición de bienes y prestación de servicios, y que esto a la vez se traduzca en un incremento al presupuesto público, no vemos porque la tardanza de la aplicación de estas medidas. En fin, más allá de si el proceso va lento, ojalá vaya en serio.
