Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. La reforma política-electoral va. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

24 Oct 2022

525 veces

No hay duda, antes del año electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, habrá un nuevo INE y, aunque existen voces encontradas en este tema, eso nos da un indicador certero de que en el tema electoral y su arbitraje hay mucho por hacer

Desde San Lázaro. ¿Llegarán Delfina y Del Moral a la boleta electoral? Por: Alejo Sánchez Cano

24 Oct 2022

522 veces

En estos momentos las encuestas serias hablan de una ventaja de la maestra Gómez de más de dos dígitos sobre la abanderada tricolor y seguramente esa ventaja, de no haber algún imponderable, deberá mantenerse hasta el domingo 4 de junio de 2023

Desde San Lázaro. El ejército, entre la espada y la pared. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Oct 2022

537 veces

Por lo menos en lo que resta del sexenio, el fracaso de la estrategia de “Abrazos no balazos”, se le seguirá cargando al ejército, cuando ellos son los menos culpables, empero, los pusieron en el paredón de los fusilados y allí recibirán la furia de la ciudadanía

Alfredo Del Mazo entrega infraestructura de la nueva coordinación operativa Ecatepec de la policía estatal

20 Oct 2022

578 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó las Instalaciones de la Coordinación Operativa Ecatepec de la Policía Estatal, y aseguró que esta nueva infraestructura eficientará las tareas de seguridad en esta región del estado, al tiempo de brindar espacios laborales dignos

Desde San Lázaro. Degradado el gobierno de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Oct 2022

550 veces

Cuando el mismo presidente prioriza la lealtad sobre la capacidad, aunque esta no exista, pues en menudo lío están todas las dependencias federales importantes

Ejército en las calles hasta 2028: Cinco Congresos estatales ya aprobaron la iniciativa

19 Oct 2022

546 veces

Para que la reforma sea oficial, 17 de los 32 congresos locales deberán votar a favor de la iniciativa para que lo elementos de las Fuerzas Armadas continúen en las calles otros seis años

Desde San Lázaro. Y que se enoja el general. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Oct 2022

529 veces

La conducta del general secretario es totalmente irregular. Es una falta de respeto al Poder Legislativo, lo que no es extraño cuando su jefe es capaz de llamar traidores y exhibir públicamente a los legisladores que no piensan como él

Por corrupción, el CMN “20 de Noviembre” bajo la lupa

18 Oct 2022

575 veces

Tres meses, es el tiempo que el Ejecutivo federal se ha propuesto como reto para el rescate y limpieza del ISSSTE

Desde San Lázaro. Reforma electoral aniquila a la oposición. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Oct 2022

516 veces

Por supuesto que la población está de acuerdo en reducir el costo de la democracia, pero sin menoscabo de brindar piso parejo para los opositores y minorías en aras de tener voz y voto en las grandes decisiones del país

Ley de ingresos 2023 se votará el 19 de octubre; perfilan que pase sin cambios

17 Oct 2022

537 veces

El documento calcula que, durante el ejercicio fiscal de 2023, la Federación percibirá un total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos por concepto de ingresos estimados, de los cuales 4 billones 623 mil 583.1 millones de pesos corresponderán a impuestos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.