Notas principales

22 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Primero muerto que perder el poder. Por: Alejo Sánchez Cano

26 May 2022

307 veces

La fórmula para mantenerse en la presidencia implica, ya con la autoridad electoral y el tribunal electoral bajo la égida del Ejecutivo, descalificar cualquier resultado que les sea adverso en las urnas

Alfredo Del Mazo refuerza la seguridad en el Edoméx a través de la entrega de equipo a la policía estatal

25 May 2022

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó equipo táctico a policías de la Secretaría de Seguridad, herramientas con las cuales se reforzarán las estrategias que en materia de seguridad y prevención del delito realiza el Gobierno del estado

Propone TEPJF creación de la Defensoría Pública Electoral

25 May 2022

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Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso este martes la creación de la Defensoría Pública en materia Electoral (DPE)

Desde San Lázaro. Acéfalo el PRI, se va Alito. Por: Alejo Sánchez Cano

25 May 2022

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Por si fuera poco, en las próximas elecciones del 5 de junio en donde se renovarán 6 gubernaturas, el PRI perderá dos de sus últimos cuatro bastiones que le quedan, Hidalgo y Oaxaca, los otros son Estado de México y Coahuila

Desde San Lázaro. Golpe de muerte al Instituto Electoral de la CDMX. Por: Alejo Sánchez Cano

24 May 2022

317 veces

Varios legisladores que son integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, advirtieron sobre el albazo de los oficialistas en votar a favor de extinguir al IECM y por ende mellar la democracia en la capital

El gobierno de México y del Edoméx trabajan para que jóvenes ingresen al mercado laboral por medio del programa constructores de paz

23 May 2022

318 veces

El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dieron inicio al programa Constructores de paz en la entidad mexiquense

Desde San Lázaro. Al carajo. Por: Alejo Sánchez Cano

23 May 2022

308 veces

Mientras el Legislativo no modifique las leyes de Profesiones, de Educación Superior y de Salud, todo aquel profesional que quiera desempeñarse en México debe apegarse a la normatividad, y el Estado hacerla cumplir

Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido iniciará en julio

20 May 2022

584 veces

Los gobiernos de México y Reino Unido iniciaron este viernes las negociaciones formales hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio

Desde San Lázaro. ¿Venta de plazas en el sindicato del gobierno capitalino? Por: Alejo Sánchez Cano

20 May 2022

665 veces

Nos platican que, “con el visto bueno” del líder sindical, Aarón Ortega Villa, en las esferas más cercanas de su equipo hay toda una práctica de ilícitas acciones que se creía habían desaparecido por aquello de la honestidad

Es momento de un gran viraje y solo Biden puede hacerlo, asegura AMLO

19 May 2022

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es momento de un gran viraje en las relaciones entre países de América y que solo su homologo Joe Biden puede encabezar este cambio

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.