Notas principales

22 Abril, 2026

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Notas principales

Pide el SNTE que todas las escuelas tengan horario ampliado

05 May 2022

295 veces

Sugirió que la jornada escolar pase de 6 a 8 horas para favorecer las oportunidades de aprendizaje en condiciones de equidad para las alumnas y alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria

A través de la entrega de paquetes de laboratorios didácticos móviles, Alfredo Del Mazo fortalece la formación de estudiantes de 800 secundarias

05 May 2022

343 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que el Estado de México trabaja para mejorar la calidad de la educación y por ello entregó paquetes de laboratorios didácticos móviles a 800 secundarias de la entidad, que beneficiarán a miles de alumnos con el mejoramiento en aprendizajes

Desde San Lázaro. Miguel de la Madrid Y AMLO, dos gotas gemelas. Por: Alejo Sánchez Cano

05 May 2022

425 veces

El modelo económico de López Portillo y De la Madrid se basó en el desarrollo estabilizador que se sustentaba en los excedentes de los altos precios del petróleo en el mundo, ahora se utiliza la misma fórmula para mantener subsidiados los precios de las gasolinas y el gas

Senado trabaja reforma constitucional para fortalecer fiscalías locales: Sánchez Cordero

04 May 2022

277 veces

Precisó que es fundamental que cuenten con autonomía presupuestal, de lo contrario no se resolverá el grave problema que hay en la procuración e impartición de justicia

A pesar de la misoginia en campañas, Carolina Viggiano hará historia en Hidalgo: Margarita Zavala

04 May 2022

313 veces

Indicó que México es un país donde es muy fácil discriminar a las mujeres, violentarlas, ponerlas en una condición de vulnerabilidad, por lo que pidió a las mujeres de Hidalgo que salgan a votar a las urnas el próximo 5 de junio

Desde San Lázaro. ¿Habrá otro percance mortal en el metro? Por: Alejo Sánchez Cano

04 May 2022

409 veces

Está visto que Sheinbaum está distraída en otros menesteres, en lugar de atender las responsabilidades propias de su cargo, esas que tienen que ver con gobernar con eficiencia, eficacia y probidad a la capital del país

Anuncia Alfredo Del Mazo inversión de la empresa Nissin Foods México por cerca de 15 millones de dólares

03 May 2022

419 veces

El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, informó sobre un nuevo proyecto de inversión para la entidad mexiquense, a cargo de la empresa alimentaria Nissin Foods México, quien ampliará su planta en la entidad, lo que permitirá la generación de 580 empleos totales

Córdova: No a una reforma electoral hecha con el hígado

03 May 2022

276 veces

La iniciativa turnada a la Cámara de Diputados también propone rasurar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), lo que orgánicamente impediría a la autoridad federal organizar elecciones a otro nivel

Desde San Lázaro. ¿Entregará Del Mazo la plaza? Por: Alejo Sánchez Cano

03 May 2022

274 veces

Uno de los últimos bastiones del PRI, por cierto, el más importante, el Estado de México, ¿se mantendrá bajo la égida de este partido en las próximas elecciones de gobernador a celebrarse en próximo año, o será entregada a Morena y sus aliados políticos?

Académicos del IPN exigen que la autoridad responda ya a su pliego de demandas

02 May 2022

272 veces

El secretario general de la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Garduño López, encabezó la protesta de más mil 200 docentes en representación de los 17 mil 300 afiliados en las diferentes unidades académicas del IPN

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.