Notas principales

22 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Segunda vuelta ¿Opción de reforma política-electoral? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

25 Abr 2022

348 veces

Aunque con diferentes ópticas, en la vida política del país hay un tema recurrente en sus mesas de diálogo y de análisis con la ciudadanía. Por un lado se habla de una reforma política para establecer nuevas reglas electorales o hasta para eliminar la figura de los llamados diputados pluris

Desde San Lázaro. Y todavía faltan 29 meses para que se vaya. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Abr 2022

336 veces

Las promesas incumplidas, las mentiras y la incapacidad han sido el común denominador de una forma muy “peculiar de gobernar”, por decirlo de una forma elegante, en la cual se privilegia la verborrea por encima de los resultados

Aumenta el número de trabajadores de la educación basificados

22 Abr 2022

339 veces

Cepeda Salas también reconoció la lección de democracia que ha dado el gremio durante los procesos de renovación de 15 dirigencias seccionales, en las que ha prevalecido un ambiente de respeto, transparencia y unidad

Desde San Lázaro. En México no hay vacunas COVID-19 para niños. Por: Alejo Sánchez Cano.

22 Abr 2022

327 veces

Sería ideal que a la brevedad se anunciará el presupuesto etiquetado para la compra del biológico para niños y el número de vacunas que se adquirirán, así como los plazos en que se aplicará a todos los niños mayores de 5 años

Se tenía que decir… Litio mexicano para Elon Musk. Por: Santiago Cárdenas

21 Abr 2022

469 veces

La creación de Litiomex, la nueva empresa estatal propuesta en la iniciativa aprobada en fast track en el Congreso a petición de López Obrador, no es una propuesta nueva

Desde San Lázaro. Se va Delfina Gómez de la SEP. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Abr 2022

299 veces

El relevo de Delfina será alguien que despacha actualmente en alguna dependencia de Tabasco, y que goza de todas las confianzas de Adán Augusto López

Desde San Lázaro. La onda expansiva de la derrota de Morena pega en los estados. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Abr 2022

325 veces

Es decir, Morena y sus rémoras están heridos de muerte y con ese daño, acudirán a las urnas en las mencionadas entidades

Se tenía que decir. La primera gran derrota legislativa de López Obrador. Por: Santiago Cárdenas

19 Abr 2022

319 veces

Por supuesto, la reforma eléctrica no pasó. De los 498 votos emitidos, 223 fueron en contra, la totalidad del bloque PRI-PAN-PRD-MC

Desde San Lázaro. El mito del litio mexicano. Por: Alejo Sánchez Cano.

19 Abr 2022

284 veces

El consumo anual de cobre es de alrededor de 25 millones de toneladas, muy superior a la demanda proyectada del litio para 2025 que será de 800 mil toneladas

Desde San Lázaro. Oposición unida recobra la presidencia de México. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Abr 2022

290 veces

El partido de Movimiento Ciudadano, está dando la batalla en todos los frentes, más en el ámbito legislativo con una actuación destacada de la mayoría de sus integrantes

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.