Notas principales

22 Abril, 2026

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Invierte empresa del sector inmobiliario industrial, EQT Exeter, 241 millones de dólares en el Edoméx; creará 6 mil empleos

05 Abr 2022

359 veces

La empresa EQT Exeter, del sector inmobiliario industrial, invertirá 241 millones de dólares en el Estado de México para desarrollar su Proyecto “Exeter Teoloyucan Industrial Park”, en el municipio de Teoloyucan, contribuyendo a la generación de 6 mil nuevos empleos

Se tenía que decir… ¿Es tiempo de retirarse el cubrebocas? Por: Santiago Cárdenas

05 Abr 2022

417 veces

El gobierno de la CDMX ha errado en sus decisiones en distintos momentos de la pandemia. ¿Por qué ahora se debe pensar que la eliminación del cubrebocas como medida de uso obligatorio es una buena decisión?

Desde San Lázaro. Se fundió el fusible de Gobernación. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Abr 2022

369 veces

El sábado pasado, Adán Augusto López viajó en un avión de la Guardia Nacional, de México a Torreón y luego a Hermosillo, en donde participó en actos de promoción de la consulta

INE es caro, de privilegios y es hora de cambiarlo: Sheinbaum

04 Abr 2022

322 veces

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, apoyó este lunes la propuesta de reforma electoral que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha ayudado a fortalecer la democracia en México

Anuncian módulos regionales para vacunación contra Covid-19 a rezagados en nueve municipios del Estado de México

04 Abr 2022

299 veces

Pueden consultar municipios, sedes y horarios en el sitio web http://edomex.gob.mx/vacunacion

Como veo, doy. “Cuidado del agua nos concierne a todos”: Conagua. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

04 Abr 2022

301 veces

Todo mundo sabemos que el agua es fuente de vida, que hidrata nuestro cuerpo, que nos refresca, que nos ayuda en la higiene personal y que, p’a pronto, sin el agua no habría vida

Desde San Lázaro. Monreal, el peor gobernador de la 4T (1). Por: Alejo Sánchez Cano.

04 Abr 2022

332 veces

Monreal logró unir a todos, pero en su contra, tanto a sus detractores que cada vez son más, como a sus aliados, si esos a los que traicionó, luego de que lo apoyarán para ganar la elección que lo encumbró al máximo puesto político de su estado

Se tenía que decir… La reforma eléctrica de López Obrador está muerta. Por: Santiago Cárdenas

02 Abr 2022

380 veces

Al presidente López Obrador no le gusta la competencia. Él es más fan de los monopolios estatales, y tiene la firme creencia de que esa es la forma de fortalecer a las compañías del Estado

Consulta de revocación: INE ordena retirar propaganda a favor de AMLO en 30 estados

01 Abr 2022

329 veces

El INE argumentó que, por la veda electoral, viola los principios de legalidad, certeza y el derecho fundamental al voto libre e informado

Desde San Lázaro. Mejor que desaparezca el poder legislativo. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Abr 2022

301 veces

Esa obsesión de impedir que acudan al senado y a San Lázaro a explicar al detalle asuntos de su competencia e incumbencia, es una postura antidemocrática que traiciona el principio básico de la democracia en torno a la rendición de cuentas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.