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23 Abril, 2026

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Senadores de Morena interponen recurso legal ante Tribunal: acusan al INE de ‘censura’

24 Feb 2022

271 veces

En conferencia de prensa senadores y senadoras de Morena informaron que interpusieron dos recursos legales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Desde San Lázaro. Blindaje electoral ante la intervención del crimen organizado. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Feb 2022

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Estamos en la etapa en que los partidos políticos definen a sus candidatos para la contienda electoral, luego, vendrán las campañas políticas para acudir a las urnas el próximo 5 de junio de 2022

Desde San Lázaro. Manto de impunidad en Segalmex (2). Por: Alejo Sánchez Cano

23 Feb 2022

296 veces

Las irregularidades detectadas en Segalmex por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, ascienden a 8,636 millones de pesos

Cuenta Sistema Mexiquense de Medios Públicos con equipo de alta tecnología y amigable con el ambiente

22 Feb 2022

265 veces

También tiene un renovado sistema eléctrico y una Unidad Móvil para producciones externas, con cámaras de alta definición, para llevar a su audiencia producciones con contenido y transmisión de alta calidad

Desde San Lázaro. Electricidad gratuita para las escuelas públicas. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Feb 2022

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En pleno siglo XXI todavía hay muchos planteles que ni siquiera cuentan con el fluido eléctrico y otras tantas, padecen la suspensión del vital servicio por falta de pago y estamos hablando de escuelas públicas

Como veo, doy. Adiós chancla, en educación y desarrollo de menores. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

21 Feb 2022

369 veces

A menos que haya un “chanclazo” de por medio, la población infantil de la Ciudad de México está a punto de ser beneficiada con una iniciativa que prohíbe a padres de familia o tutores utilizar castigos corporales o físicos y humillantes

Desde San Lázaro. El cochinero de Ovalle en SEGALMEX. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Feb 2022

278 veces

Las acusaciones que existen sobre los malos manejos de Ignacio Ovalle Fernández y su principal cómplice, René Gavira Segreste están tomando un camino diferente a lo que ha ocurrido en la realidad en torno a los manejos en Segalmex

A través de los Centros de Atención Múltiple a la niñez y juventud mexiquense con discapacidad tiene mayores niveles de desarrollo

18 Feb 2022

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Durante un recorrido de supervisión, el Gobernador del Estado de México señaló que remodelar este tipo de espacios permite que los alumnos desarrollen nuevas habilidades motrices, intelectuales y de aprendizaje, y mejora su interacción con otros estudiantes

Desde San Lázaro. Acoso a periodistas, debe tipificarse como delito. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Feb 2022

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Desde San Lázaro, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para tipificar como delito el acoso a los periodistas, a fin de protegerlos

Energía eléctrica gratuita para las escuelas públicas, pide el SNTE

17 Feb 2022

286 veces

Al ser actores comprometidos con el rumbo de la nación, añadió, nos interesa analizar la información de los temas clave para el futuro del país, como la reforma eléctrica, ya que la energía es un servicio fundamental para los planteles educativos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.