Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir… El factor Gutiérrez Müller. Por: Santiago Cárdenas

03 Feb 2022

266 veces

Quizás por el desdén que López Obrador siempre ha mostrado por las relaciones internacionales, Gutiérrez Müller decidió influir en la designación de diplomáticos, y no en todos los casos han sido personajes con méritos para encabezar una representación mexicana en el extranjero

Desde San Lázaro. Aún sin Reforma Eléctrica, van por la estatización. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Feb 2022

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México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica de Norteamérica y Centroamérica; hay interconexiones y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica.

Cuauhtémoc Blanco asegura que amenazas en su contra han aumentado tras llegada de la Marina a Morelos

02 Feb 2022

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La llegada de la Semar a Morelos el pasado fin de semana tiene como objetivo el combate a la violencia generada por el crimen organizado

Así es como el Edomex facilitará cambio de nombre a menores de edad

02 Feb 2022

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A parte de la lectura fácil de la resolución se aprobó el sistema de de escucha, el cual consiste oír de viva voz por parte de los menores los motivos por los cuales están pidiendo el cambio de nombre, esto se implementó con el fin de que sus argumentos sean considerados en la solicitud

Propone el SNTE fortalecer los libros de texto gratuitos con formatos digitales

02 Feb 2022

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Los maestros agremiados al SNTE se pronuncian por un cambio para que la educación vuelva a ser la vía más importante de movilidad social, progreso y bienestar, para lograr un país más justo, igualitario, incluyente y diverso

Desde San Lázaro. Se aparta el Congreso de las necesidades de la población. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Feb 2022

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Arrancó el segundo periodo de sesiones de la LXV Legislatura en el Congreso y con ello se prenden los reflectores para difundir lo que ocurra en esa arena política, particularmente sobre dos temas que no son prioridades de la población, sino de los políticos

Alfredo Del Mazo se reúne con inversionistas del proyecto de construcción de la Central de Abasto

01 Feb 2022

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza se reunió con directivos y socios de la Central de Abasto de Tecámac, proyecto planeado en tres etapas en las cuales se irán construyendo 10 naves, 400 bodegas y 200 locales, con una inversión privada de más de mil 700 millones de pesos

Se tenía que decir… ¿Y el combate a la corrupción? Por: Santiago Cárdenas.

01 Feb 2022

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Desde el inicio de su gobierno, López Obrador ofreció no meter las manos para defender ni a sus familiares más cercanos en caso de que cometieran actos de corrupción

Desde San Lázaro. Los pensionados pierden por culpa de las UMA. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Feb 2022

287 veces

De hecho, al calcular las pensiones con este criterio, con las UMA, los trabajadores pierden alrededor del 30% de lo que en realidad les tocaría en el cálculo de sus pensiones

Impulsa Gobierno del Estado de México acciones en materia de prevención de la violencia de género

31 Ene 2022

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En esta sesión también presentaron las medidas que se deben implementar y mantener en la etapa actual de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y los alcaldes presentaron su plan de trabajo de los primeros 100 días de su administración

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.