Notas principales

24 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Desde San Lázaro. Se acrecienta el descrédito popular en contra del Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano

30 Jul 2021

239 veces

Todos contra todos por algo que en origen debería unirlos, pero como siempre, primero están sus intereses que los de la ciudadanía y del país.

Desde San Lázaro. Con AMLO no se protege a la niñez. Por: Alejo Sánchez Cano.

29 Jul 2021

217 veces

Ante la tercera ola de contagios, las autoridades, en lugar de aprender de los errores que se tuvieron en las dos primeras olas, han decidido seguir igual, es decir; engañar, manipular, soslayar y tergiversar los criterios científicos para justificar los yerros propios

En la gira de trabajo número 500 por Sonora, gobernadora Pavlovich entrega apoyos en comunidades de la sierra

28 Jul 2021

247 veces

Con la entrega de becas para estudiantes de educación básica, camiones escolares y apoyos productivos para mujeres en Bacanora, Sahuaripa y Arivechi, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió su gira número 500 por Sonora en lo que va su administración

Parajes y sitios turísticos de SLP operan al 50 por ciento por semáforo amarillo

28 Jul 2021

270 veces

Con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los potosinos, así como de los visitantes, los sitios turísticos del Estado operan al 50 por ciento de su capacidad a partir del cambio de semaforización a color amarillo, y se mantienen las medidas sanitarias establecidas

Desde San Lázaro. El sistema de pensiones en riesgo de colapsarse (1). Por: Alejo Sánchez Cano

28 Jul 2021

261 veces

El caso del gasto que representan las pensiones para el país es alarmante y en opinión de tres expertos deben tomarse cartas en el asunto de inmediato.

El SNTE llama a la comunidad educativa a no bajar la guardia ante la pandemia

27 Jul 2021

218 veces

“La sociedad siempre ha reconocido y valorado las labores que realizan, ahora, en el contexto de la crisis sanitaria, sus tareas serán todavía más relevantes para coadyuvar al cuidado de la salud de todos los integrantes de la comunidad escolar”.

Gestiona Gobernadora ante Cancillería se solicite la pronta reapertura de la frontera para viajes no esenciales

27 Jul 2021

250 veces

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), solicitó a la Cancillería Mexicana y la Embajada de México en Estados Unidos gestionar la pronta reapertura de la frontera para viajes no esenciales.

SLP fue escenario de importantes reflexiones y líneas de acción a través de Foro Trilateral NASCO: SEDECO

27 Jul 2021

239 veces

Durante tres días en los que se llevaron a cabo los trabajos del Foro Trilateral NASCO Stronger Together 2021 (Juntos Más Fuertes), San Luis Potosí estuvo en la mira de Norteamérica

Se tenía que decir… Llueva, truene o relampaguee. Por: Santiago Cárdenas.

27 Jul 2021

284 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Veracruz que “llueva, truene o relampaguee” habrá regreso a clases presenciales a finales del próximo mes de agosto. A muchos les parece una afirmación temeraria, y lo es, pero viniendo del presidente, no extraña.

Conferencia tras banderas. México renuncia a la primera división y voltea hacia la primera A o segunda división. Por: Pepe Rocello.

27 Jul 2021

294 veces

Con las declaraciones de AMLO sobre la posibilidad de hacer un mercado común latinoamericano y sustituir con esto a la OEA, se enfrenta a un reto que no tendría ninguna razón económica

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.