Notas principales

24 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Anuncia Grupo Motomex proyecto de expansión por 200 mdp

25 May 2021

300 veces

Directivos de Grupo Motomex, corporación dedicada a la industria del motociclismo mexicano con 62 años de experiencia, con presencia en San Luis Potosí desde el 2015, sostuvieron un encuentro con el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López

En EdoMéx no se permitirá que se amedrenten a ciudadanos y candidatos en el proceso electoral

25 May 2021

240 veces

El Gobierno del Estado de México trabaja en coordinación con las autoridades federales y partidos políticos, para garantizar que el proceso electoral se dé en un clima de paz, y refrenda su compromiso de que no se permitirá que ningún grupo criminal amedrente a los ciudadanos

Se tenía que decir. Aun sin estar en la boleta, AMLO está metido en la elección. Por: Santiago Cárdenas.

25 May 2021

287 veces

A pesar de que la consulta sobre la revocación de mandato se difirió, López Obrador insistió en su propósito y está logrando estar presente e influyendo en la elección, aún sin estar en la boleta.

Conferencia tras banderas. Morena abandona las plazas y muchos funcionarios le pierden el asco al ridículo. Por: Pepe Rocello

25 May 2021

307 veces

Este proceso electoral es muy importante para desterrar el mito de la corrupción y de las mafias del poder

Desde San Lázaro. Carencia de agua, alimentos y energía. Por: Alejo Sánchez Cano.

25 May 2021

213 veces

Entretenidos en la contienda electoral y en otros fuegos artificiales, no le damos la importancia que requieren diversos problemas que agobian a la población, como es precisamente la sequía que ya afecta al 87 por ciento del país.

Orbi 21. Ciudadanos del mundo. Por: Cristina Cardeño Gama

24 May 2021

305 veces

El terrorismo de Estado ejercido por parte de Israel hacia la población palestina, ha quedado en evidencia.

Como veo, doy. Ante situaciones complejas, ganaderos del país demandan apoyos a la SADER. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

24 May 2021

312 veces

Ante la incierta situación, el líder ganadero hizo un llamado a las autoridades correspondientes, llámese Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que se establezca un programa emergente que facilite el acceso a insumos de alimentación

Desde San Lázaro. Se acelera la vacunación ante las elecciones. Por: Alejo Sánchez Cano

24 May 2021

259 veces

El objetivo es aplicar diariamente 105 mil dosis y se espera que, al menos con la primera dosis, estén vacunados, incluyendo a los maestros, cerca de 2.6 millones de personas en la capital del país.

Se cumplen condiciones para reabrir escuelas en la Ciudad de México: SNTE

21 May 2021

269 veces

El secretario general de la organización, Alfonso Cepeda Salas, señaló que se avanza en el camino correcto para que la comunidad educativa retome sus actividades cotidianas

Ante diversas contingencias, CNOG solicita programas de apoyo a productores

21 May 2021

351 veces

En el marco de la celebración de la LXXXV Asamblea General Ordinaria de la CNOG, el líder ganadero explicó que se lleva a cabo este evento, sin duda, en momentos sumamente complejos, derivados de acontecimientos nacionales e internacionales

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.