Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Conferencia tras banderas. Celebración, conmemoración o un perdón eterno. Por: Pepe Rocello

18 May 2021

263 veces

El gobierno federal, entre muchos frentes que enfrenta, tomó el tiempo para poder celebrar y conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, centro del imperio Azteca.

Desde San Lázaro. Daño patrimonial y nadie es responsable (hasta ahora) de ello. Por: Alejo Sánchez Cano.

18 May 2021

236 veces

Esta terminal aérea es una ínsula que no tiene la interconexión terrestre con el aeropuerto de la CDMX y menos con el de Toluca, vamos ni siquiera con vialidades importantes o terminales de transporte colectivo.

Orbi 21. Palestina Libre. Por: Cristina Cardeño Gama

17 May 2021

243 veces

La comunidad internacional ha hecho mucho por agravar la situación y muy poco para resolverla

Como veo, doy. El campo, el cambio climático y la urgente intervención del legislativo. Por: Jorge L. Galicia

17 May 2021

235 veces

Hay sequías en poblaciones como el Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Desde San Lázaro. Un patrón perverso y un mensajero desquiciado. Por: Alejo Sánchez Cano

17 May 2021

220 veces

La lucha por eliminar a los órganos autónomos, así como someter al poder Judicial, es el ominoso capítulo que estamos viendo en estos momentos de una serie intitulada; Como construir una dictadura en los tres primeros años de gobierno

Se tenía que decir… Por eso no fue a Tláhuac. Por: Santiago Cárdenas.

14 May 2021

242 veces

Nunca ha negado sus enemistades, pero sí ha tratado de ocultar, sin lograrlo, que sus resentimientos dominan muchos de sus actos de gobierno.

Desde San Lázaro. Sin medicamentos con AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

14 May 2021

210 veces

Mientras que en Palacio Nacional lanzan toda clase de filigranas y fuegos artificiales para distraer la atención del respetable, hay diversos problemas que requieren urgente atención en virtud de que están causando muertes, enfermedades y marginación

Inicia vacunación contra #Covid-19 a docentes mexiquenses

13 May 2021

197 veces

Para corroborar que los trabajadores de la educación del Estado de México reciban adecuadamente la vacuna contra el COVID-19, el Gobernador mexiquense supervisó la aplicación de este biológico en el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense

Se tenía que decir… El enojo y la frustración del ciudadano López Obrador. Por: Santiago Cárdenas.

13 May 2021

255 veces

El ciudadano López Obrador está molesto. Las campañas de su partido no están funcionando, y los resultados electorales parecen esfumarse.

Desde San Lázaro. Un presidente que gobierna para las minorías. Por: Alejo Sánchez Cano

13 May 2021

242 veces

En lugar de construir sinergias con todos los mexicanos, divide polariza y encona. Gobierna solo para sus simpatizantes, los demás son enemigos.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.