Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir… Las mujeres mexicanas están desprotegidas. Por: Santiago Cárdenas.

28 Abr 2021

274 veces

La violencia contra las mujeres va en aumento y está alcanzando cifras récord. El gobierno federal debería establecer acciones para protegerlas, en vez de minimizar lo que está ocurriendo, o de mentir para hacer parecer que las mujeres cuentan con las autoridades.

Desde San Lázaro. Los hombres (y las mujeres) del presidente. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Abr 2021

186 veces

Con un gabinete anodino, amorfo e inútil, el Jefe del Ejecutivo Federal no tiene mucha tela de donde cortar para operar las decisiones torales para mantener su proyecto político más allá del 2024.

Es momento de evitar un problema social a largo plazo: Cepeda Salas

27 Abr 2021

185 veces

Saludamos la reforma que acaba de realizarse en el Seguro Social, que se hizo pensando en los trabajadores; lo aplaudimos y esperamos ahora los ajustes al sistema de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado en que está inmerso el magisterio nacional

Conferencia tras banderas. Los sellos frontales de la actual administración. Por: Pepe Rocello

27 Abr 2021

308 veces

El presidencialismo extremo, la idolatría a las personas y el rechazo a las instituciones, es patológico, es la oda a la persona, es signo de esquizofrenia política y un profundo rechazo a las instituciones de manera irracional

Desde San Lázaro. El juicio de la historia calificará a Zaldívar. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Abr 2021

222 veces

Que triste papel de Zaldívar y qué lástima que no tenga altura de miras para vislumbrar que después de los años que se mantenga al frente de la Corte, vendrá el severo juicio de la historia.

Gobierno del Estado declara al cráter "Joya Honda" como Área Natural Protegida

26 Abr 2021

459 veces

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, firmó el decreto con el que se declara Área Natural Protegida de competencia estatal con carácter de Monumento Natural

Orbi 21. Una Cumbre con más de lo mismo. Por: Cristina Cardeño Gama

26 Abr 2021

292 veces

La Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, organizada por La Casa Blanca, expuso muchos aspectos incómodos pero no por eso menos ciertos, de la falta de un acercamiento real y efectivo internacional para mitigar los efectos

Se tenía que decir… México, el cuarto peor país en el combate al COVID-19. Por: Santiago Cárdenas.

26 Abr 2021

283 veces

Contra la pandemia del coronavirus, nuevamente la incongruencia en las acciones del gobierno federal. A la población en general se le mandan mensajes contradictorios y confusos, que terminan siendo inútiles en el combate a la COVID-19.

Como veo, doy. Cambio climático en la agenda de Claudia Sheinbaum. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

26 Abr 2021

308 veces

Aunque con diferentes matices, durante la reunión virtual, la mayoría de los convocados se comprometieron a atender la amenaza medioambiental e incluso varios se pusieron el reto de reducir a cero las emisiones netas de carbono

Desde San Lázaro. La CDMX agoniza por sequía e ineptitud de las autoridades. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Abr 2021

190 veces

Dicen los sociólogos que la zona metropolitana Del Valle de México, está condenada a colapsarse por falta de agua, tal como ha ocurrido en el pasado con otras grandes concentraciones humanas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.