Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Con seguridad, decimos preSNTE en el regreso a las aulas

23 Abr 2021

204 veces

Con el regreso a las clases presenciales, los maestros están llamados, una vez más, “a encender los motores y reactivar la vida colectiva de nuestro país”

Se reúne Gobernador del Estado con Titular de SEMARNAT

23 Abr 2021

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El jefe del Ejecutivo estatal informó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, ha permitido dar continuidad a los acuerdos para concretar la protección de la Sierra de San Miguelito, que es un símbolo que da identidad a las y los potosinos.

Desde San Lázaro. Se desploma Morena en las entidades federativas. Por: Alejo Sánchez Cano

23 Abr 2021

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La guerra sucia y la judicialización de las campañas y sus candidatos está a la orden del día por parte del gobierno, incluso en entidades como la CDMX, se han recrudecido en contra de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD.

Desde San Lázaro. AMLO y Zaldívar rumbo a la ampliación de mandato. Por: Alejo Sánchez Cano.

22 Abr 2021

253 veces

El máximo Tribunal de Justicia del país y el Consejo de la Judicatura no merecen el desprestigio de que están siendo sujetos merced al entreguismo de su ministro presidente, quien ha erosionado la credibilidad y confianza del supremo órgano de impartición de justicia del país.

Listos para las clases presenciales, iniciamos en Campeche

21 Abr 2021

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En el caso de Campeche, primer estado en volver a clases presenciales y voluntarias, este lunes abrirán sus puertas 137 planteles, de los cuales 104 son escuelas generales y 33 de Educación Indígena, donde 278 maestros atenderán a 5 mil 972 alumnos, detalló Cepeda Salas.

Desde San Lázaro. Retraso criminal en la aplicación de las vacunas. Por: Alejo Sánchez Cano.

21 Abr 2021

248 veces

Quién sabe para cuándo le tocará vacunarse a aquellos que están en rango de edad de 30 a 40 años, por ejemplo, o a personas enfermas que requieren la vacuna, para evitar su inevitable muerte.

Conferencia Tras Banderas. Etiquetado frontal para partidos políticos. Por: Pepe Rocello

20 Abr 2021

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Los sellos del actual gobierno también son una alerta que abordaremos en próxima entrega, pero espero que esto les sirva a nuestros lectores para que puedan tomar una decisión informada.

Desde San Lázaro. Para el presidente, Morena pierde mayoría en diputados. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Abr 2021

254 veces

Si Morena no logra conservar esa mayoría calificada, la probabilidad de que el Poder Judicial también empiece a desatarse y a zafarse del control al que ahora está sometido por el presidente es grande.

Con éxito concluye “El Latido de los Pueblos Mágicos” en el Parque Tangamanga

19 Abr 2021

227 veces

Fueron 34 corazones monumentales los que se expusieron en la glorieta principal del parque, con el objetivo de representar a las localidades y enaltecer además del arte, las artesanías de cada pueblo con nombramiento.

Se reúne Gobernador con personal del HC como parte del proceso de transición

19 Abr 2021

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Como parte del proceso de adhesión del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo una reunión con directivos, personal médico y de enfermería

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.