Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. Democracia de cínicos. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Abr 2021

209 veces

No hay división de poderes, no hay respeto a la autonomía de los órganos oficiales independientes y para acabarla de amolar la autoridad electoral está socavada, arrinconada y disminuida.

Se tenía que decir… El INE (no) debe morir. Por: Santiago Cárdenas.

07 Abr 2021

281 veces

Conociendo la historia política reciente del país, se entiende que el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca al INE por varias razones: quizás la más visible es porque, asegura, el Instituto avaló un supuesto fraude electoral en 2006

Conferencia tras banderas. Ni cómo ayudarle señor presidente. Por: Pepe Rocello

06 Abr 2021

288 veces

El pleito con el INE y MORENA pone muy nervioso al presidente y no siente solamente amenazada a su administración sino su movimiento

Desde San Lázaro. Engañosos los Precriterios de Política Económica para 2022. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Abr 2021

275 veces

Ya también Arturo Herrera cayó en el error de mentir, al igual que lo hace su jefe, empero, la gravedad de las falacias del titular de SHCP desestabilizaran las finanzas públicas al emitir una serie de consideraciones que no tienen sustento alguno

Orbi 21. El derecho a la libertad de información, en peligro. Por: Cristina Cardeño Gama

05 Abr 2021

311 veces

Es importante tener en cuenta esta situación ya que es imprescindible no normalizar ni tolerar los ataques que se hacen durante el sexenio de López Obrador hacia la libre expresión y libre prensa.

Se tenía que decir… Las vacunas de aire. Por: Santiago Cárdenas.

05 Abr 2021

415 veces

¿Quién ha ordenado que a algunos adultos mayores se les apliquen “vacunas de aire”? ¿Investigará el gobierno lo que está ocurriendo en esos casos que ponen en riesgo la vida de personas, o es el propio gobierno el que ha decidido engañar a la población?

Como veo, doy. INE: 30 años de credibilidad y confianza ciudadana. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

05 Abr 2021

300 veces

En lugar de buscar la eliminación del INE, los partidos políticos y sus dirigentes mejor deben velar por el cumplimiento con las normas que en materia electoral el árbitro de los procesos electorales procura hacer que se respeten

Desde San Lázaro. Aire, agua o atole con el dedo. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Abr 2021

281 veces

El IMSS reconoció el error y ofreció disculpas, sin embargo, no es suficiente para esclarecer el extraño caso de la jeringa sin vacuna aplicada

Coordinan medidas sanitarias en sitios y lugares turísticos SECTUR, COEPRIS y ayuntamientos

31 Mar 2021

235 veces

Finalmente, la Secretaría de Turismo conminó a los visitantes y viajeros que decidan desplazarse por la entidad en estas fechas a cumplir y ser responsables con las medidas sanitarias que cada lugar aplica

Desde San Lázaro. La expropiación petrolera de AMLO, diferente a la de “Tata” Cárdenas. Por: Alejo Sánchez Cano

31 Mar 2021

237 veces

Ni la reforma eléctrica ni la Ley de Hidrocarburos que plantea ahora López Obrador garantizan la autosuficiencia energética.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.