Notas principales

25 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Desde San Lázaro. Violencia y muerte contra candidatos. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Mar 2021

207 veces

La prioridad de López Obrador es mantener la mayoría de Morena y sus aliados en la cámara de diputados y para ello no hay obstáculo que se interponga para alcanzar tal fin, incluso la descalificación y la violencia verbal son válidos en la óptica del Jefe del Ejecutivo Federal.

Prioritaria la atención de mujeres que viven violencia: CJM

17 Mar 2021

245 veces

El proceso de atención que brinda el CJM está diseñado para fortalecer el acceso a la justicia a las mujeres, por medio de una atención integral que propicie que tomen decisiones informadas y encaminadas a construir un proyecto de vida libre de violencia.

Se tenía que decir… Las amenazas del presidente. Por: Santiago Cárdenas.

17 Mar 2021

301 veces

Habrá quienes opinen que ejercer sus facultades no es amenazar, pero cuando el presidente de un país exige que otro Poder asuma su misma visión de las cosas, entonces hay una amenaza.

Desde San Lázaro. Más impuestos para el segundo semestre del año. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Mar 2021

283 veces

Debido a las elecciones intermedias, no subirán los impuestos antes del 6 de junio, pero solo es cuestión de tiempo para ver de que tamaño será el ramalazo.

Conferencia tras banderas. AMLO se desinfla, el Toro se descasta y Morena se desnaturaliza. Por: Pepe Rocello

16 Mar 2021

446 veces

Los tiempos políticos llegaron y con ellos una realidad cambiante en donde persisten las malas noticias para todos y que están impactando de manera muy particular a la actual administración

Desde San Lázaro. El tercer repunte de Covid_19, inminente y más severo. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Mar 2021

229 veces

A diario, el gobierno federal reporta el número de vacunas que llegan, sin embargo, al observar el ritmo de vacunación, pues vemos que, o se están guardando para aplicarlas en la víspera de las elecciones del seis de junio, o sencillamente es otra falacia

Orbi 21. Un lejano final. Por: Cristina Cardeño Gama

15 Mar 2021

308 veces

Millones de personas sirias han tenido que salir forzosamente del país para evitar la guerra, lanzándose a contextos altamente peligrosos y difíciles como tener que vivir en campos de refugiados en países vecinos

Se tenía que decir… Contra el coronavirus, esquizofrenia gubernamental. Por: Santiago Cárdenas.

15 Mar 2021

277 veces

Esa esquizofrenia gubernamental, en la que, por ejemplo, el gobierno federal indica un camino a seguir y el gobierno capitalino hace todo lo contrario, es la que ha desenmascarado la torpeza, la mezquindad y el horror de la supuesta estrategia que defiende López-Gatell.

Esperanza Suárez plasma en sus obras sus vivencias durante viajes como empleada de la ONU

14 Mar 2021

302 veces

A Nueva York llegó a trabajar, durante tres meses, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

SLP será sede del Congreso INA Pacce Automechanika México

12 Mar 2021

278 veces

Se llevará a cabo del 01 al 03 de Diciembre del presente año.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.