Notas principales

25 Abril, 2026

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Arriban a Sinaloa 16 mil vacunas para adultos mayores y personal de salud

26 Feb 2021

256 veces

El Comando Estatal de Vacunación en Sinaloa, recibió la mañana de este miércoles un lote de 16 575 dosis de la vacuna Pfizer para proteger al personal de primer nivel de atención del sector salud de la entidad, incluyendo además a Protección Civil

Se tenía que decir… Desaforar a García Cabeza de Vaca, balazo en el pie de AMLO. Por: Santiago Cárdenas.

26 Feb 2021

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Este puede ser el error político que la oposición esperaba del presidente Andrés Manuel López Obrador, para apuntalar un proyecto opositor que le haga sombra a los altísimos niveles de popularidad que todavía mantiene el mandatario.

Desde San Lázaro. Se pretende desacreditar a la ASF para ocultar la corrupción del régimen. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Feb 2021

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En la ASF trabajan cientos de contadores y profesionales que son ejemplo de probidad y de alto nivel académico y profesional que no merecen, de ninguna manera, el descrédito del principal huésped de Palacio Nacional y menos de la opinión pública.

Escenario de paz y tranquilidad para próximas elecciones es un compromiso de todos los potosinos: JMCL

25 Feb 2021

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Es responsabilidad de todas y todos la construcción de un escenario de paz y tranquilidad en el que se puedan llevar a cabo elecciones libres y con transparencia a lo largo y ancho del país

Desde San Lázaro. Errónea determinación de la SCJN golpea al avispero del magisterio. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Feb 2021

232 veces

El tufillo de sospechosismo a que huele esta determinación responde más a criterios políticos, en vez de preservar los derechos laborales.

Se tenía que decir… ¿Tú también, David? Por: Santiago Cárdenas.

24 Feb 2021

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La forma de doblegar a opositores y de aplastar a los órganos autónomos en México, con amenazas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador

Desde San Lázaro. Daño a la credibilidad y prestigio de la ASF. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Feb 2021

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El daño provocado en la credibilidad y confianza de la ASF, causó un boquete en la línea de flotación de una institución que las tenía como sus mayores fortalezas.

Quirino anuncia inicio de construcción del Puente Monte Alto con recursos directos del Estado

23 Feb 2021

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Con una inversión directa del Gobierno del Estado, de casi 15 millones de pesos, Quirino Ordaz Coppel anunció que en un plazo no mayor a las tres semanas se inicia con la construcción del puente en la comunidad Monte Alto

Gobierno federal notificará esta semana a SLP sobre llegada de más vacunas: JM Carreras

23 Feb 2021

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Durante esta semana el gobierno federal notificará a San Luis Potosí sobre el envío de más vacunas contra COVID-19, dio a conocer el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López

Conferencia tras banderas. Gobierno en inanición, pueblo pauperizado. Por: Pepe Rocello

23 Feb 2021

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Señor presidente logró lo que no quería, un Estado mínimo y un mercado no regulado por el estado y si por sus mecanismos endógenos de regulación

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.