Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Conferencia tras banderas. AMLO como Pelosi, no ganan una. Por: Pepe Rocello

16 Feb 2021

357 veces

Al igual que Nancy, AMO sigue sin ganar una después de su triunfo electoral hace ya dos años y más de dos millones de sueldo, que de acuerdo a muchos sigue sin devengar, al igual que todos los integrantes de su gobierno

Desde San Lázaro. Moctezuma se va, llega Delfina y el SNTE tiene listo pliego petitorio 2021. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Feb 2021

372 veces

Esteban Moctezuma dejó solos a maestros y alumnos, al negarles el presupuesto básico para dotarles a ellos y a los más necesitados, los insumos digitales para poder captar las clases en línea.

Nueva ley facilita apertura de nuevos negocios y fortalece competitividad del Estado: Gobernadora

15 Feb 2021

246 veces

La mandataria estatal, quien reconoció el apoyo de los legisladores locales para aprobar la iniciativa, indicó que la propuesta enviada el pasado mes de diciembre al Congreso del Estado y que nació dentro de las acciones del Pacto Para Que Siga Sonora

Llega a Sinaloa 3ra entrega de vacuna contra COVID

15 Feb 2021

320 veces

En esta semana llegarán más dosis de Pfizer para completar el esquema del personal de salud.

Anuncian inversión inmobiliaria por 2 MIL 500 mdp

15 Feb 2021

326 veces

Como parte del crecimiento industrial de San Luis Potosí, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y el fundador de la empresa 3Seeds Developments, Luis Gerardo Lozano Treviño, anunciaron la inversión de 2 mil 500 millones de pesos

Rosy Fuentes presenta cuatro años de trabajo; un valioso legado para las familias en Sinaloa

15 Feb 2021

364 veces

Ante el reto de enfrentar la pandemia por Covid-19 la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, presentó de manera virtual su Cuarto Informe de Actividades

Orbi 21. El rey del exilio. Por: Cristina Cardeño Gama

15 Feb 2021

400 veces

El año pasado, tras darse a conocer sus negocios ocultos en Suiza, por lo que podría enfrentar un proceso judicial en España, comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de salir del país para no manchar a la corona española de nuevo.

Se tenía que decir… La zanahoria de la vacuna. Por: Santiago Cárdenas.

15 Feb 2021

318 veces

Algo como la zanahoria son actualmente en México las vacunas contra el coronavirus. El gobierno federal las ha puesto por delante con una promesa que está muy lejos de cumplir.

Como veo, doy. Estudios demoscópicos ¿También a revisión legislativa? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

15 Feb 2021

304 veces

En ese contexto, no estaría mal que el Congreso de la Unión, en los meses que le restan de funciones a la LXIV Legislatura, también hiciera un ejercicio de revisión sobre los estudios demoscópicos que sirven para medir la opinión pública

Desde San Lázaro. Sin vacunación, la semaforización es un espejismo. Por: Alejo Sánchez Cano.

15 Feb 2021

245 veces

Con lo que está haciendo el presidente López Obrador, es más probable que se regrese nuevamente al Semáforo Rojo a que se mantenga en Naranja.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.