Notas principales

25 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Salvó la campana a Sánchez Cordero. Por: Alejo Sánchez Cano

09 Feb 2021

282 veces

Para la secretaria de Gobernación, la reaparición del presidente en las mañaneras fue providencial.

JM Carreras exhorta a la corresponsabilidad social para reducir cadena de contagios de COVID-19

08 Feb 2021

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El titular del Ejecutivo, resaltó la importancia de fortalecer las medidas preventivas para reducir la cadena de contagios, con disposiciones de contención relacionadas a la semaforización en la que se encuentra el estado

Orbi 21. Justicia Internacional. Por: Cristina Cardeño Gama

08 Feb 2021

296 veces

En definitiva, es una pequeña luz para los palestinos que desde hace algunos años, han sabido gestionar en el internacional más importante de todos, las Naciones Unidas y en la Corte Penal.

Como veo, doy. En reelección, Claudia Sheinbaum pone puntos sobre la íes. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

08 Feb 2021

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Sheinbaum Pardo envía un oportuno mensaje a quienes desde un cargo público buscan reelegirse y llama a todos los alcaldes capitalinos que este año busquen la reelección a que se separen de sus cargos mientras participen en la contienda electoral

Desde San Lázaro. Dos presidentes con prioridades diferentes. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Feb 2021

279 veces

El uso electoral de la aplicación de las vacunas es un búmeran que ya viene de regreso y pegara en la línea de flotación del proyecto político de Morena y del Presidente de México.

Alfredo Del Mazo da inicio al programa proyectos de fomento al autoempleo en apoyo a pequeños comercios

05 Feb 2021

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Así como cuidamos la salud también queremos cuidar la economía de las familias y apoyarla, y una forma de hacerlo es con este Programa de Fomento al Autoempleo, este programa que apoya a las familias

Sostiene JM carreras reunión con la titular de la SSPC

05 Feb 2021

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El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo un encuentro virtual con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, donde se dieron a conocer los avances sobre la llegada de más elementos de la Guardia Nacional

Se tenía que decir… Los candidatos. Por: Santiago Cárdenas.

05 Feb 2021

329 veces

Nadie duda que la elección será muy competida. El objetivo principal es obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque ganar las gubernaturas también será relevante.

Desde San Lázaro. No pasa la ley Banxico, ni la iniciativa eléctrica del Presidente. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Feb 2021

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Una generación más cara de la energía, cuyo costo se trasladará a la tarifa que paga la gente, o a los contribuyentes si se establecen subsidios de gobierno a las tarifas de la energía.

Renuncia Mónica Rangel a la SSA

04 Feb 2021

272 veces

Con fecha del primero de febrero de 2021, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, presentó su renuncia a la Secretaría de San Luis Potosí, por lo que en los próximos días el Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner será propuesto por parte del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.