Notas principales

25 Abril, 2026

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Se tenía que decir… La oscura convalecencia del presidente. Por: Santiago Cárdenas

27 Ene 2021

349 veces

El gobierno federal ha decidido mantener en reserva el estado de salud del presidente, argumentando que López Obrador tiene a salvo su derecho de mantener en secrecía sus datos personales

Desde San Lázaro. No quieren comprar vacunas aprobadas por la OMS. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Ene 2021

288 veces

Está claro que la prioridad no es evitar tanta muerte, oficialmente ya van más de 150 mil, sino alimentar las hordas de inútiles que están en los diferentes padrones de beneficiarios de los programas político-asistenciales del gobierno de la 4T.

Conferencia tras Banderas. De ineptitud a candidez en la SSyPC. Por: Pepe Rocello

26 Ene 2021

295 veces

Es falso que en México el peor enemigo sea la corrupción, la corrupción es un cáncer que carcome a los personajes del gobierno no a los ciudadanos mexicanos

Desde San Lázaro. Las mañaneras sin mentiras, pierden su razón de ser. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Ene 2021

322 veces

El reto para la exministra de la SCJN es enorme, en virtud de que su perfil profesional no tiene que ver con la mentira y la simulación.

Aplicarán pruebas COVID-19 en los Aeropuertos OMA Culiacán y Mazatlán: Óscar Pérez Barros

25 Ene 2021

214 veces

A partir del martes 26 de enero, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, empezará a aplicar pruebas COVID-19 en los aeropuertos internacionales de Mazatlán y Culiacán a los pasajeros que viajen con destino a Estados Unidos y Canadá

Celebra el SNTE revalorización del Magisterio

25 Ene 2021

340 veces

Recordó que el Programa tiene como objetivo reconocer y otorgar incentivos al mejor desempeño de profesores, asesores técnico pedagógicos, técnicos docentes, directivos y supervisores, así como contribuir a su formación continua y superación profesional.

Se tenía que decir… Positivo. Por: Santiago Cárdenas.

25 Ene 2021

310 veces

Las reacciones de políticos, periodistas y servidores públicos ante la noticia del contagio del presidente fueron dentro de la corrección política. Desearon públicamente al mandatario una pronta y satisfactoria recuperación.

Orbi 21. Jogra. Por: Cristina Cardeño Gama

25 Ene 2021

355 veces

El 14 de enero del año que inició, exactamente cumpliéndose diez años de las revueltas árabes que iniciaron en Túnez con la inmolación del vendedor ambulante Muhammed Bouazizi, los jóvenes activistas, estudiantes, aficionados de fútbol han tomado las calles de la capital tunecina

Como veo, doy. Cambio climático y la agenda bilateral México-E.U. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

25 Ene 2021

359 veces

El llamado que hace el presidente Joe Biden no es cualquier voz, estamos hablando de una de las economías más poderosas del planeta y sí se retoma el tema es porque para ellos es un pendiente, y en ese contexto la recuperación de México

Desde San Lázaro. Opacidad y corrupción con AMLO. Alejo Sánchez Cano

25 Ene 2021

265 veces

No solo el PRD, también el PAN, PRI Y MC han denunciado sistemáticamente la desfachatez de los funcionarios públicos que están en las áreas de administración y operativas, al omitir los ordenamientos específicos que tienen que ver con las licitaciones públicas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.