Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Regulación de redes sociodigitales a revisión legislativa. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

01 Feb 2021

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“El debate sobre la regulación de las redes sociales es impostergable”

Alfredo Del Mazo informa la reanudación de algunas actividades en beneficio de la economía de los mexiquenses; continúa entidad en semáforo rojo

30 Ene 2021

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza anunció la reapertura de algunas actividades comerciales y al aire libre, cuidando que no se incremente el contagio por COVID-19, y subrayó la importancia de impulsar la economía de las familias mexiquenses

SLP seguirá en Semáforo Rojo por grave situación de la pandemia: JM Carreras

30 Ene 2021

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El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, informó que San Luis Potosí permanecerá en semáforo rojo durante las siguientes dos semanas

Quirino inaugura la Escuela de Béisbol de La Higuerita

30 Ene 2021

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El gobernador Quirino Ordaz Coppel regresó a La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, para inaugurar la Escuela de Béisbol de esta comunidad

Confianza y trabajo conjunto entre GEM y sector empresarial generan empleos que mexiquenses requieren: Alfredo del Mazo

29 Ene 2021

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El Gobierno genera las condiciones de infraestructura, de estabilidad, de paz, de seguridad, que nos permitan atraer la inversión, pero es el sector privado, es la confianza de los inversionistas lo que nos permite generar los empleos que las familias mexiquenses requieren.

Quirino presenta proyecto del Corredor Turístico de El Faro

29 Ene 2021

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El gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el proyecto del Corredor Turístico de El Faro, que pretende rescatar este acceso que por años ha estado abandonado

Se tenía que decir… 68.7% Por: Santiago Cárdenas.

29 Ene 2021

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Las cifras que el INEGI reportó sobre las muertes por COVID-19 en los primeros ocho meses de 2020 no favorecen al gobierno.

Desde San Lázaro. Pasan los días y no aparece el presidente. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Ene 2021

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La enfermedad del presidente es más grave, mucho más de lo que nos hacen creer la secretaria de gobernación y los voceros de salud

Anuncia Gobernadora acciones para adquirir junto con la iniciativa privada vacunas contra COVID-19

28 Ene 2021

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Estamos muy contentos este día por estar vacunando a personas de todo el estado, que están en el primer frente de batalla contra el COVID, la verdad es un día de alegría, también vacunando al personal de la Cruz Roja

Desde San Lázaro. La ausencia en las mañaneras, prueba real de su enfermedad. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Ene 2021

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No tenemos vacunas y cuando lleguen las rusas, aun con la autorización de Cofepris, aunque la Organización Mundial de la Salud la niegue, vendrán otras series de complicaciones para los usuarios de ellas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.