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25 Abril, 2026

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Quirino se reúne con Embajador de Estados Unidos en México

12 Ene 2021

278 veces

En lo que fue su primera visita a Sinaloa, el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau se mostró muy satisfecho por conocer el enorme potencial que ofrece el estado

Desde San Lázaro. La ineptitud avanza en la CDMX y en el gobierno de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Ene 2021

235 veces

Se colapsa la capital del país por el alto contagio por Covid-19 y por la falla en la columna vertebral del transporte público, el Metro y los funcionarios encargados de corregir tal situación, solo atisban con evasivas

SLP en el límite de entrar a una segunda ola epidémica: SS

11 Ene 2021

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La funcionaria recordó que el riesgo es regresar a un Semáforo Rojo, lo que implicaría el cierre de negocios y que el Sistema de Reconversión Hospitalaria pudiera entrar en crisis.

“Estamos trabajando en el tema de la vacuna contra el COVID-19, prontamente la tendremos ya en Sinaloa”, Dr. Efrén Encinas Torres

11 Ene 2021

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El Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Salud se encuentra preparando la logística a implementar ante el pronto arribo de las vacunas contra el COVID-19 para ser aplicadas al personal de salud en una primera etapa.

Orbi 21. No son más los buenos. Por: Cristina Cardeño Gama

11 Ene 2021

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Mientras se llevaba a cabo el proceso de ratificación de Joe Biden como el presidente electo que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, manifestantes seguidores de Trump irrumpieron la sesión del Congreso

Se tenía que decir… La democracia a la basura. Por: Santiago Cárdenas.

11 Ene 2021

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A lo largo de los años, la democracia mexicana se ha ido perfeccionando. La elección de 1988, en la que los resultados dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari pero quedó en el ánimo popular la percepción de que el verdadero ganador fue Cuauhtémoc

Como veo, doy. Beatriz Mojica en la mira de Morena, por el caso Félix Salgado. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

11 Ene 2021

368 veces

Mojica Morga no es ninguna improvisada en las cuestiones de la administración pública y mucho menos una desconocida en el ambiente político de la entidad referida

Desde San Lázaro. No puede Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano.

11 Ene 2021

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La ciudad de México apesta a muerte. Los hospitales que atienden a pacientes de Covid-19 están saturados, los crematorios y funerarias tienen lista de espera para darle los últimos servicios a los cadáveres

Sostienen reunión de trabajo integrantes del gabinete del Gobierno de México y la Comisión de Salud de la Conago

08 Ene 2021

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El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, presidente de dicha instancia, como parte de los trabajos de coordinación y colaboración entre la federación y los gobiernos estatales

Se tenía que decir… Persiguiendo el hueso. Por: Santiago Cárdenas

08 Ene 2021

332 veces

La oposición sabe que obtener buenos resultados en la elección del 6 de junio podría alimentar sus esperanzas rumbo a 2024.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.