Notas principales

25 Abril, 2026

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Orbi 21. El fin de una era en Cuba. Por: Cristina Cardeño Gama

19 Abr 2021

370 veces

Cuba es uno de los 5 Estados comunistas que aún existen en el mundo y el debate político que se está dando en estos días dentro de la cúpula política del país sugiere que, posiblemente, deje de serlo aunque no de inmediato

Como veo, doy. ¿Datos biométricos en celulares, igual a Pegasus? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

19 Abr 2021

312 veces

El pretexto no podía ser mejor, hay que combatir delitos de extorsión y secuestros. Ese fue el argumento para que, en días pasados, la Cámara de Senadores aprobara reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Desde San Lázaro. Los falsos mantras del presidente. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Abr 2021

245 veces

Para nadie tampoco es un secreto que López Obrador y el ministro presidente de la Corte han amarrado una relación de interés mutuo, y que tienen intereses políticos afines.

Potosinas y potosinos responden a vacunación, más de 42 mil dosis en dos días: SS

16 Abr 2021

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En los primeros dos días de la Jornada Nacional de Vacunación en la zona metropolitana, hasta el momento se aplicaron 42 mil 092 dosis en población de 60 y más años

Desde San Lázaro. La 4T se pasa por el arco del triunfo a la JFCA. Por: Alejo Sánchez Cano.

16 Abr 2021

231 veces

Lo cierto es que, de acuerdo con fuentes jurídicas, el proceso que condena a Napoleón y al Sindicato Minero a devolver los 55 millones de dólares ya fue resuelto en su totalidad, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sólo acató la resolución del Tribunal Colegiado.

El SNTE propone “Tres V” para el regreso a clases presenciales

15 Abr 2021

257 veces

También que existan condiciones básicas de infraestructura en las escuelas, disposición permanente de agua potable y sanitarios salubres.

Desde San Lázaro. ¿Violar la ley?, nomás tantito. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Abr 2021

247 veces

Si Salgado Macedonio ha sido acusado de violar mujeres, ¿por qué no podría violar la ley?

Desde San Lázaro. El Senado violenta los derechos humanos de los mexicanos. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Abr 2021

204 veces

No se trata solo de levantar un padrón de usuarios de la telefonía celular, sino de que el Estado tenga pleno acceso a todos los datos personales de todos los mexicanos, porque, unos ahora y otros después, contratarán los servicios de un celular.

Conferencia tras banderas. Violan al Violador. Por: Pepe Rocello

13 Abr 2021

316 veces

En el caso del “Toro” Salgado Macedonio, imputado por violación agravada, por su posición de poder que siempre ha ostentado dicho personaje, como Senador, Diputado o alcalde de Acapulco y agitador social

Desde San Lázaro. Si se pierde en las urnas, están los tribunales y si no, la intimidación y la amenaza. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Abr 2021

296 veces

Abrace visto semejante cosa, que el propio gobierno federal aliente la rijosidad y el encono social para mantenerse en el poder.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.