Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Ratifica Alfredo Del Mazo compromiso con las amas de casa y familias mexiquenses

02 Dic 2020

215 veces

Queremos que este programa les sirva mucho para ayudar a su familia, y que sepan además que no es para una sola vez, este programa es permanente, ya que quienes lo reciben, hoy por primera vez, de aquí en adelante lo van a seguir recibiendo

Quirino entrega mobiliario a cerca de 600 escuelas

02 Dic 2020

235 veces

Un total de 577 escuelas públicas de educación básica de diferentes municipios del estado recibieron mobiliario escolar con valor de 27 millones de pesos, de parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López

Se tenía que decir… Dos años, dos preguntas. Por: Santiago Cárdenas.

02 Dic 2020

269 veces

¿quién definió la estrategia a seguir para enfrentar la pandemia? ¿Fue López Obrador, fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, o fue el subsecretario Hugo López-Gatell?

Desde San Lázaro. Más pobres en dos años y pésimo manejo de la pandemia. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Dic 2020

266 veces

Algunos programas como Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, recibirán hasta más del 20 por ciento de presupuesto en relación al año pasado y no obstante ello, el número de pobres va en aumento.

Conferencia tras banderas. De estafa maestra a vulgar desvió de recursos y delito electoral. Por: Pepe Rocello

01 Dic 2020

294 veces

Con la presentación de la guía ética y moralina, el presidente se enfrenta a procesos muy complicados que impactan en por lo menos 18 de los 20 principios que plantea la famosa guía en mención

Desde San Lázaro. Ya pasaron dos y quedan otros dos. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Dic 2020

251 veces

Por eso el título de esta colaboración se refiere a que ya pasaron dos años desde que AMLO asumiera la presidencia y si se le hace bolas el engrudo, solo estará otros dos más hasta el 2022, en donde tendría que dejar Palacio Nacional por la puerta de atrás.

Orbi 21. Más de lo mismo para los palestinos. Por: Cristina Cardeño Gama

30 Nov 2020

314 veces

Evidentemente, la victoria de Joe Biden implica un giro en las alianzas y metas planteadas en la Política Exterior de los Estados Unidos dirigidas al Medio Oriente. A pesar de que en la práctica dicha política se mantendrá casi inamovible, no lo será así para quienes resultaron beneficiados con la era Trumpista.

Se tenía que decir… No, aún no somos como Dinamarca. Por: Santiago Cárdenas.

30 Nov 2020

319 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha distinguido por tener un discurso veraz ni por cumplir sus promesas. Por el contrario, López Obrador miente con facilidad cotidianamente, y busca que sus mentiras se coloquen como verdades en el debate popular.

Como veo, doy. Fenómeno del “Chapulineo”, en el legislativo. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

30 Nov 2020

283 veces

Unos con licencia y otros desde su curul, lo cierto es que en cualquier caso una vez más la ciudadanía está frente a un fenómeno ya muy común en tiempos electorales que se conoce como “Chapulineo”

Desde San Lázaro. Rebrote mundial es brutal y México a la deriva. Por: Alejo Sánchez Cano

30 Nov 2020

248 veces

La realidad es una y el discurso y acción del gobierno mexicano es otro, por lo que se avecina un crudo invierno y angustiante primavera.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.