Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. A la media hora se seca y todo está bien. Por: Alejo Sánchez Cano.

23 Sep 2020

222 veces

Veremos si en media hora se seca y todo está bien como dice la titular de la secretaria de Energía y responsable de que la obra llegue a feliz término.

Conferencia tras banderas. Tocamos fondo o apenas nos asomamos al abismo IV Por: Pepe Rocello

22 Sep 2020

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Al parecer, la recuperación económica tendría que venir por la nueva normalidad y por el crecimiento de la demanda de especialistas en derecho fiscal, penal y civil, escenario en donde se empiezan a dirimir todas las cosas en este país.

Desde San Lázaro. La pandemia apenas empieza. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Sep 2020

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Las cifras oficiales son de alrededor de 73 mil muertos, aunque por desgracia, es la base de una pirámide invertida que arrojará más pérdidas de vidas humanas de las que hay en este momento y como se ven las cosas, el gobierno federal y el capitalino no tomarán medidas de fondo para revertir esta tendencia.

Entrega Gobernadora Pavlovich apoyos al sector pesquero

21 Sep 2020

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A los hombres y mujeres que trabajan en el mar les digo que voy a seguir apoyándolos en todo lo que pueda en la medida de lo posible, ahorita ya vieron estos 4 millones 165 mil pesos por parte de Cecop y por parte de Sagarhpa son 7 millones, desde Puerto Peñasco hasta Huatabampo

Quirino toma protesta a Laura González Bon como directora del ISMUJERES

21 Sep 2020

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Quirino Ordaz aseguró que Laura del Carmen González Bon “es una profesional echada para adelante, con alta experiencia en el conocimiento del instituto, pero también conocedora del sentimiento y la realidad por la que atraviesan muchas mujeres que requieren atención”.

JM Carreras, Christopher Landau y Miguel Torruco inauguran obras de mejoramiento en Real de Catorce

21 Sep 2020

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En el segundo día de actividades como parte de su gira de trabajo por la entidad, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, llevaron a cabo un recorrido inaugural

Como veo, doy. Sheinbaum, Monreal y Ebrard... ¿Quién más para la grande? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

21 Sep 2020

257 veces

Por lo pronto, es de destacar que con buenos resultados obtenidos en los primeros dos años de su gestión, la doctora Sheinbaum ha sido evaluada por sus gobernados con calificaciones aprobatorias

Desde San Lázaro. Guardia Nacional contra el pueblo. Por: Alejo Sánchez Cano.

21 Sep 2020

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El avance gradual de los militares como autoridad policiaca ocasiona graves violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional que, so pretexto de combatir a la delincuencia y sin la preparación adecuada para ello, arremeten con los argumentos con los que fueron entrenados; las armas y el asesinato

Positivas las exportaciones de carne de res y ganado bovino, pese al COVID-19: Oswaldo Cházaro Montalvo

18 Sep 2020

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Rescatar de la partida de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura los recursos necesarios para reactivar los programas de fomento productivo, mejoramiento genético, capacitación, trazabilidad, administración de riesgos, entre otros, que actualmente no están fondeados.

Desde San Lázaro. Se mantiene Sheinbaum a la punta para suceder a AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Sep 2020

250 veces

Si hoy tuviera que decidir AMLO a quien dejaría en sus zapatos, sin duda sería Claudia Sheinbaum.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.