Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Presidente de CONAGO y del Consejo Coordinador Empresarial se reúnen

30 Jul 2020

223 veces

Carreras López, destacó la importancia de trabajar en conjunto, la iniciativa privada con los tres niveles de gobierno, para impulsar una agenda que permita transitar hacia la recuperación de la economía nacional, con la premisa de cuidar de la salud de las y los mexicanos en el contexto de la nueva normalidad.

Supervisan Gobernadora y director nacional del IMSS Módulo Hospitalario para pacientes COVID-19 en Cajeme

29 Jul 2020

237 veces

La gobernadora de Sonora señaló que los protocolos y acciones de prevención sanitarios se deben seguir realizando de forma estricta y enfatizó la importancia de mantener los protocolos en nivel rojo, aun cuando Sonora haya pasado a nivel naranja, según el semáforo epidemiológico federal.

Se tenía que decir… Como nerón. Por: Santiago Cárdenas.

29 Jul 2020

308 veces

A López Obrador poco le ha importado que México tenga una tasa tan alta de mortalidad por el coronavirus, que sea ya el tercer país con más fallecidos a causa del COVID-19, y que no exista una estrategia para hacer disminuir el número de contagios y de muertes.

Desde San Lázaro. Periodo extraordinario chato e insuficiente. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Jul 2020

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Desde el la Cámara de diputados se pretende darle el golpe de gracia a este sector de la economía que ha sido castigado duramente en esta administración.

Conferencia tras banderas. Lozoya solo hacia su chamba. Por: Pepe Rocello

28 Jul 2020

318 veces

Mientras tanto, Emilio Lozoya es inocente hasta que caiga la sentencia del juez de la causa, aunque a nadie o casi nadie les guste y aunque se presente como indiciado ante ministerio público y luego al juez de la causa, pero en tanto no caiga el último “out” se presume inocente.

Desde San Lázaro. Santa Martha Acatitla, la joya de la corona. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Jul 2020

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Bien por el subsecretario de Reclusorios de la capital del país, Antonio Hazael Ruíz y por la directora de Santa Martha Acatitla, María del Carmen Serafín Pineda, quienes han convertido a este penal en el prototipo de atención y cuidado del Covid-19

Secretaría de salud del EDOMEX brinda orientación psicológica especializada durante la pandemia.

27 Jul 2020

318 veces

En un trabajo coordinado entre el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) y la Subdirección de Urgencias del Estado de México (SUEM), a través de servicios a distancia como atención vía telefónica o videollamadas, se les otorga tratamiento a quienes han presentado síntomas de estrés agudo, depresión o ansiedad.

Entrega gobernadora Pavlovich rehabilitación de pavimentos del bulevar Agustín de Vildósola

27 Jul 2020

247 veces

Acompañada del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, la mandataria estatal supervisó la conclusión de la obra de rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en el bulevar Agustín de Vildósola, entre 5 de Mayo y Solidaridad.

San Luis Potosí será relanzado como destino de contrastes en la reapertura: Arturo Esper

27 Jul 2020

257 veces

La marca de destino San Luis Potosí será relanzada con una nueva campaña promocional para posicionarlo como un lugar de contrastes; nuevos productos, comercialización de paquetes y alianzas que contribuyan de manera responsable para tener una recuperación del sector de manera gradual y ordenada

Se tenía que decir… La novela titulada Lozoya. Por: Santiago Cárdenas.

27 Jul 2020

253 veces

La estancia de Lozoya en México, desde su llegada el 17 de julio, ha sido una puesta en escena en la que el gobierno federal está sacando la mejor parte, pues ha posicionado la idea de que el exdirector de PEMEX tiene un acuerdo para aportar información sobre el flujo de los dineros de Odebrecht en México

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.