Notas principales

25 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Peligroso retorno a la normalidad. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Jun 2020

296 veces

Cuando todavía más habitantes de la ciudad de México, de los que creemos, dudan de la existencia del mortal virus, se regresa a una nueva normalidad, con el sistema de transporte público a tope y las áreas públicas también, como los tianguis y mercados de la gran capital.

Gobierno de Claudia Pavlovich, entre los cinco más eficientes en el país en simplificación de trámites

26 Jun 2020

212 veces

En solo dos años, el Gobierno de Sonora, que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, logró avanzar 12 lugares en materia de simplificación de trámites

Nos pondremos de pie ante cualquier contingencia: JM Carreras

26 Jun 2020

214 veces

Al presidir la reunión de evaluación por la Contingencia Climática, donde se dieron a conocer los daños que dejó la fuerte lluvia que azotó el municipio, el mandatario estatal reconoció la respuesta inmediata de la Guardia Nacional y de la 12va. Zona Militar

Se tenía que decir… El beso de Trump. Por: Santiago Cárdenas.

26 Jun 2020

347 veces

Trump convocó a López Obrador a Washington, con el pretexto del inicio del T-MEC, como una mera estrategia electoral que le pudiera atraer votos.

Desde San Lázaro. Ya entró el caballo de Troya al INE. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Jun 2020

241 veces

“Ackerman es un académico de la UNAM que ha sido autor de señalamientos oscuros contra el organismo electoral por su filia con el partido Morena.

Atiende JM Carreras invitación de Congreso del Estado para exponer acciones durante la pandemia

25 Jun 2020

237 veces

En la sede alterna a la sala de sesiones del Congreso, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, Carreras López, destacó la importancia del Plan de Reconversión del Sistema Estatal de Salud, debido a que fortaleció la capacidad de atención para pacientes con enfermedades cotidianas

Quirino entrega 200 taxis a transportistas

25 Jun 2020

233 veces

Así como se apoyó a los concesionarios del transporte urbano para la renovación de 400 camiones nuevos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo la entrega formal de 200 taxis nuevos para cinco organizaciones de trabajadores del volante de Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán

Orbi 21. Momento políticamente incorrecto. Por: Cristina Cardeño Gama

25 Jun 2020

312 veces

Nos encontramos a poco más de 4 meses del ansiado 3 de noviembre en el calendario estadounidense. Si todo parecía indicar que la reelección era segura para Donald Trump, desde la llegada del coronavirus a los EE.UU. se puso en duda la capacidad de manejo de la crisis del republicano

Desde San Lázaro. Agarrón entre Panistas y Morena (con fuego amigo). Por: Alejo Sánchez Cano

25 Jun 2020

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Se busca blindar jurídicamente la actuación de las tropas del Ejército y la Marina cuando participen en seguridad pública. No podemos olvidar que nuestro país está siendo sujeto a revisión y debe cumplir con sentencias muy relevantes

Participa JM Carreras en Reunión Virtual CONAGO-CNET sobre Alianza Nacional Emergente por el Turismo

24 Jun 2020

244 veces

Carreras López, destacó que San Luis Potosí posee resultados exitosos en materia turística en los últimos años, al estar posicionado como destino de preferencia para las y los visitantes nacionales y extranjeros

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.