Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Aires democráticos siguen pendientes en el SME. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

06 Jul 2020

399 veces

En el SME saben de la nueva circunstancia para la vida interna de los sindicatos, por esos sus agremiados siguen levantando la voz para demandar transparencia en el manejo de recursos

Desde San Lázaro. El peor momento de dos presidentes. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Jul 2020

296 veces

Ambos han caído en las encuestas que miden la popularidad y a casi cuatro meses de las elecciones en Estados Unidos, nomás no se ve como Donald Trump pueda remontar una desventaja de dos dígitos porcentuales con relación al demócrata Joe Biden

Ningún maestro del SNTE ha sido despedido, pese a la crisis, destaca Alfonso Cepeda, ante sindicalistas del mundo.

05 Jul 2020

257 veces

Al participar como ponente en uno de los seminarios virtuales que ha organizado la Internacional de la Educación (IE), con motivo de las afectaciones de la Covid-19 en el sector educativo, el dirigente habló del destacado desempeño de los maestros mexicanos, aun en esta crisis sanitaria.

Se tenía que decir… El neoliberalismo salva a López Obrador. Por: Santiago Cárdenas.

03 Jul 2020

357 veces

El Fondo de Protección al Ahorro Bancario se constituye con aportaciones de todo el gremio bancario. Es decir, se conforma con fondos aportados por los propios bancos para garantizar el ahorro de las personas.

Desde San Lázaro. Almacenes fiscalizados operan en apoyo al Comercio Exterior. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Jul 2020

266 veces

Hemos trabajado todo este tiempo; no ha habido un solo día de descanso, porque los recintos trabajan las 24 horas el día, ya que los vuelos llegan a todas horas”, expresó Smithers Jiménez, quien realizó un “reconocimiento a todas las personas que trabajan en el recinto”.

T-MEC potenciará el desarrollo, inversión y empleo para SLP: JM Carreras

02 Jul 2020

271 veces

Carreras López destacó que, la consolidación del T-MEC trae consigo reglas actualizadas, que se aplicarán en el contexto de un San Luis Potosí con importantes ventajas comparativas: mano de obra calificada, ubicación estratégica, gasoductos, importantes centros de investigación

Acuerda Gobernadora con Canciller Ebrard instalar filtros en la frontera para evitar cruce no esencial de Estados Unidos a Sonora

02 Jul 2020

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Reiteró que las actividades esenciales como las relacionadas con el intercambio comercial, actividades laborales, atención y servicios médicos, adquisición de medicamentos y seguridad, se mantienen con autorización para cruces en ambas direcciones de la frontera.

Orbi 21. Los retos del T-MEC para México. Por: Cristina Cardeño Gama

02 Jul 2020

279 veces

Hay retos importantes a superar con la entrada del T-MEC. Desde cumplir con las obligaciones que se adquirieron con el Acuerdo hasta fortalecer los mecanismos de solución de controversias por parte de México y sobre todo, propiciar las condiciones necesarias para recuperar la credibilidad

Desde San Lázaro. TRUMP-AMLO; un encuentro con propósitos reeleccionistas. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Jul 2020

238 veces

Y ahora quiere usarlo de nuevo en su encuentro el próximo 8 y 9 de julio en la Casa Blanca, en la contienda política electoral de ese país, en donde el magnate inmobiliario está abajo por 14 puntos de su rival demócrata Joe Biden.

En Edomex se refuerzan los apoyos y programas para apoyar al sector empresarial: Alfredo del Mazo

01 Jul 2020

247 veces

En el Estado de México tenemos como prioridad el bienestar de las familias, por eso estamos reforzando los apoyos sociales y económicos, para que todos podamos salir adelante

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.