Desde el inicio de la administración, la narrativa gubernamental ha estado sustentada en el combate a la corrupción. Acabar con la corrupción fue una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esa, como en muchas otras banderas, el gobierno ha fallado.

Para combatir la corrupción es necesario no ser corrupto. No se le puede pedir a un ladrón que encabece la lucha contra los robos, o a un asesino que encabece la lucha en contra de los homicidios en el país.

Pero a este gobierno claramente no le importan los resultados, por lo que si no se cumplen las promesas, no importa. De manera abierta, el mandatario ha expresado que lo que él considera a la hora de nombrar a algún funcionario de su gobierno es 90% honestidad y 10% capacidad. De esta forma, lo único que le importa es que los funcionarios sean altamente honestos.

Sin embargo, en el transcurso de los casi 21 meses de gobierno han salido a relucir diversos casos de corrupción de distintos servidores públicos. Las casas de Bartlett, las casas del matrimonio Ackerman-Sandoval, el mal manejo del dinero en la CONADE de Ana Gabriela Guevara, la venta de respiradores mecánicos del hijo de Manuel Bartlett al IMSS, los contratos otorgados por Zoé Robledo, las reuniones “en lo oscurito” del subsecretario Ricardo Peralta con distintos grupos delictivos de Tamaulipas, los nombramientos de funcionarios sin experiencia en distintas dependencias gubernamentales, y ahora los videos de Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de manos de David León Romero, quien estaba nombrado para dirigir el nuevo organismo público de distribución de medicamentos en el país, y el audio que evidencia cómo Julio Scherer Ibarra, hoy Consejero Jurídico de la Presidencia, le pide al empresario Julio Villarreal que apoye económicamente al PRD que encabezaba Jesús Zambrano.

Ninguno de estos casos ha sido investigado por esta administración. Por el contrario, todos ellos fueron rápidamente justificados por el gobierno federal.

El gobierno de López Obrador ha sido protector de quienes han sido acusados de corrupción en esta administración. Proteger a la corrupción amiga es ser corrupto. El presidente, cabeza de la administración se hace cómplice de cada caso de corrupción que aparece en este gobierno.

En la actual guerra de videos, en la que la Fiscalía filtra imágenes que forman parte de la investigación y declaraciones que se siguen al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, y por otro lado se filtran videos que muestran a Pío López Obrador recibiendo dinero, el presidente rápidamente buscó justificar: lo que recibió mi hermano son donaciones de la gente, que aportaba dinero al Movimiento, dijo.

No deja de ser corrupción. Las “aportaciones” no pueden provenir de gobiernos estatales, como se evidenció en los videos, en los que David León dejó claro que eran aportaciones mensuales fijas, lo que echa por tierra la versión de que eran aportaciones de la gente.

Pío López Obrador estuvo en medio de la polémica en octubre pasado, cuando el periódico Reforma publicó que el hermano del presidente había ofrecido fondos presupuestales, accesos a créditos y protección de órganos auditores a 21 alcaldes de Chiapas, siempre y cuando se sumaran a las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Diputados de oposición en esa entidad han denunciado que la actual administración del estado está operando acuerdos políticos rumbo a las elecciones intermedias. El propio gobernador, Rutilio Escandón, se ha desmarcado de las gestiones y se ha dicho “respetuoso” del trabajo de “reclutamiento” de Pío López Obrador

El propio presidente López Obrador dio a conocer el jueves 23 de enero de este año, sin dar detalles, que uno de sus hermanos fue a Chihuahua a hacer una gestión, y para ello pidió una cita con el gobernador Javier Corral. El mandatario no precisó cuál de sus hermanos pidió la cita, ni cuál era la gestión para la que buscaba al mandatario estatal, que no lo recibió.

Otro hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, quien fue alcalde de Macuspana en el periodo de 2003 a 2006, y líder del PRD en Tabasco, también tiene un pasado oscuro: fue acusado de desvíos millonarios por la venta de terrenos, así como por el mal ejercicio del presupuesto durante su gestión en Macuspana.

Uno más de los hermanos del presidente, Martín Jesús López Obrador, se vio envuelto en un escándalo en 2008. En ese entonces, se dio a conocer que enfrentaba una demanda por haber incumplido el pago de servicios a una firma de abogados, los cuales ascendían aproximadamente a 900 mil pesos.

La bandera del combate a la corrupción ya no puede ser enarbolada en esta administración, pues el gobierno de López Obrador ha mostrado su complacencia con distintos funcionarios de esta administración que debieron haber enfrentado a la justicia, y ha iniciado una campaña para hacer creer que la detención de altos funcionarios de gobiernos anteriores obedece a una supuesta lucha contra la corrupción. Nada más falso.

La Secretaría de la Función Pública, como varias otras, se ha convertido en una dependencia sectaria. Sus investigaciones son selectivas, y por ende sus sanciones también, y eso no ayuda a hacer un combate efectivo de la corrupción.

La narrativa gubernamental que habla de un combate a la corrupción ya no es creíble y se ha convertido en una simulación. La corrupción sigue campante instalada en México, y este gobierno no será el que la destierre.