Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir… La CNDH de la 4T. Por: Santiago Cárdenas.

15 Nov 2019

324 veces

En esta nueva época de la CNDH, que quizá ahora cambie su nombre por el de Comisión Nacional de Defensa de los Derechos del Gobierno ante los Ataques de sus Adversarios, Rosario Piedra dedicará sus esfuerzos a hacer recomendaciones a los órganos autónomos

Desde San Lázaro. PEF 2020; por el crecimiento PIB cero. Por: Alejo Sánchez Cano.

15 Nov 2019

223 veces

Además, si hoy no hay humo blanco en San Lázaro o en cualquier sede alterna que se elija para que sesionen los diputados, tampoco hay problema ya que pararán el reloj legislativo o argumentarán que merced a que la sede de la cámara baja está tomada, el Presupuesto de Egresos 2020 no estará aprobado.

Reconoce ONU Medio Ambiente al gobernador Quirino Ordaz la creación de la SEDESU

14 Nov 2019

248 veces

Considera ONU conveniente que Mazatlán sea una de las primeras ciudades en contar con transporte público eléctrico

Suprema Corte aprueba venta de cigarrillos electrónicos

14 Nov 2019

216 veces

El tribunal falló que la ley es anticonstitucional porque viola la norma del trato equitativo. La Suprema Corte dijo que las ventas de cigarrillos electrónicos y productos similares deben permitirse “bajo las mismas condiciones que aquellos productos derivados del tabaco”.

Orbi 21. El apapacho a Evo. Por: Cristina Cardeño Gama

14 Nov 2019

265 veces

El gobierno federal mexicano recibió con abrazos y apapachos a Evo Morales, mostrándolo como la víctima principal de la situación política que se vive en Bolivia y omitiendo evidentemente que fue un presidente que actuó inconstitucionalmente

Desde San Lázaro. Sigue el INE. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Nov 2019

241 veces

También con el pretexto de la austeridad, buscan reducir sustancialmente el presupuesto que comanda Lorenzo Córdova, así como otras medidas que vayan acotando al INE, ello, sin medir las graves consecuencias que implicaría atentar contra su autonomía en detrimento de la estabilidad política, económica y social,

Reconoce Directora de CONAGUA importancia de que SLP sea sede de la Convención de ANEAS

13 Nov 2019

248 veces

Dijo que el gobernador tiene especial interés en aportar en el tema del agua, porque conoce la problemática y tiene una mentalidad clara sobre cómo hacer las cosas y de buscar cómo avanzar para darle solución.

Garantizado el pago de aguinaldos por $1,500 millones: Quirino

13 Nov 2019

235 veces

El gobernador Quirino Ordaz Coppel, en gira de trabajo por Los Mochis, anunció que su administración está lista para pagar el aguinaldo en tiempo y forma a los trabajadores del Gobierno de Sinaloa

Se tenía que decir… La crisis boliviana recala en México. Por: Santiago Cárdenas.

13 Nov 2019

294 veces

El asilo a Evo sacó a muchos opinadores leales al lopezobradorismo a esgrimir sus mejores argumentos para justificarlo. Fue un golpe de Estado, claman, y se niegan a aceptar que la crisis boliviana fue provocada por el hoy depuesto presidente

Desde San Lázaro. EVO y AMLO: Dos gotas de agua. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Nov 2019

255 veces

Una de las peculiaridades que tiene Evo y que ocurre lo mismo con AMLO es la pobre oratoria y escasa instrucción cultural y que ambos son espléndidos luchadores sociales, plataforma que les permitió llegar a encabezar el poder Ejecutivo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.