Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Se politiza el T-Mec y acuerdos favorables a México se tambalean. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

09 Dic 2019

258 veces

El problema es que el próximo año hay elecciones en Estados Unido y los congresistas del Partido Demócrata, opositores al gobierno encabezado por el Partido Republicano, al parecer están decididos a llevar esta renegociación hasta después del proceso electoral y según sean los resultados

Desde San Lázaro. La bota sobre el cuello (2). Por: Alejo Sánchez Cano

09 Dic 2019

259 veces

Tuvo que venir la orden desde Washington para tirar del altar de la patria a Evo Morales y cuando ya se aprestaban a mantenerlo en sus gastos, los diputados de Morena, zas que sale corriendo sin mediar explicación alguna.

Se tenía que decir… La UIF, ariete político de la 4T. Por: Santiago Cárdenas.

06 Dic 2019

270 veces

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, se ha convertido en el ariete del lopezobradorismo para alcanzar sus objetivos políticos.

Desde San Lázaro. Sin presupuesto no se remedia la inseguridad. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Dic 2019

246 veces

No se puede hablar de seguridad sin considerar la procuración de justicia y el sistema de reclusorios del país.

Margarita Ríos-Farjat es elegida como nueva ministra de la Suprema Corte

05 Dic 2019

261 veces

Margarita Ríos-Farjat obtuvo 94 votos de los senadores, por lo que consiguió mayoría constitucional para ser nombrada ministra.

Van por el rescate del estatus sanitario en Ganadería

05 Dic 2019

234 veces

En esta reunión, donde se estuvo acompañado del secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Manuel Tarriba, el gobernador acordó con Víctor Villalobos trabajar conjuntamente para apoyar a los productores agrícolas.

Orbi 21. La incómoda transnacionalidad feminista. Por: Cristina Cardeño Gama

05 Dic 2019

251 veces

Entender que el objetivo no es polarizar, ni dañar aún más el tejido social de nuestras sociedades. Es todo lo contrario. No es hombres vs mujeres, tampoco es superioridad el uno sobre el otro

Desde San Lázaro. Gobernadores sin presupuesto contra la inseguridad. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Dic 2019

254 veces

Ahora resulta que el presidente López Obrador con Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero han descubierto el “hilo negro” al acusar a algunos gobernadores, por supuesto no dan nombres, de no levantarse temprano para acudir a sus Consejos Estatales de Seguridad

Se duplican empresas que incorporan personas con discapacidad: JM Carreras

04 Dic 2019

333 veces

Con el objetivo de reconocer a compañías que promueven una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad, el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, entregó el Reconocimiento Estatal Incluyente 2019 a 54 empresas

Inauguran Quirino y la señora Rosy el albergue de DIF para adolescentes en situación de riesgo

04 Dic 2019

267 veces

El gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, la presidenta del DIF, Rosy Fuentes de Ordaz, realizaron un recorrido por estas nuevas instalaciones y convivieron con los 17 menores que se encuentran actualmente ahí

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.