Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Tres millones de dosis se han aplicado en semanas nacionales de salud durante actual gobierno del Estado: JM Carreras

20 May 2019

302 veces

El mandatario estatal, agregó que en esta edición se destinan más de 90 mil vacunas y 823 mil dosis tanto de Vida Suero Oral -para esta temporada de calor-, como de antiparasitarios y vitamina A.

Culiacán, sede del VII Congreso Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles

20 May 2019

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Por otra parte, el gobernador del estado comentó que fue muy acertada la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el regresar la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un ingeniero de profesión, como es Javier Jiménez Espriú

Como veo, doy. Fallas gubernamentales, con y sin protocolos. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

20 May 2019

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Por lo general los protocolos surgen a partir de experiencias y problemas ambientales y en el tema de la contaminación ya no son una novedad, ya que un año sí y otro también estos protocolos se aplican, sea por las bajas temperaturas que provocan inversiones térmicas o por calores excesivos combinados

Desde San Lázaro. Obligatorio ir a la cumbre del G-20. Por: Alejo Sánchez Cano

20 May 2019

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Dice el presidente de México que está analizando su participación. “Lo estoy viendo porque estoy ocupado de tiempo completo en atender los asuntos nacionales” y agregó que se siente muy bien representado por Marcelo Ebrard en la cumbre.

Ya le llegó su tiempo al sur-sureste para el crecimiento: AMLO en Tabasco

19 May 2019

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Acompañado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, y como parte de la Asamblea Ejidal del Programa "Sembrando Vida", se compromete rescatar el Plan Balancán-Tenosique y asegura que habrá apoyos permanentes con jornales de cuatro mil 500 pesos mensuales, pero pide que no dejen de aprovechar la oportunidad.

Anuncia gobierno del estado proyecto integral metropolitano por 600 MDP

17 May 2019

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En su participación, Carreras López acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, indicó que desde el inicio de su administración se busca impulsar el crecimiento de la infraestructura urbana mediante esquemas de asignación de las obras

Recibe Gobierno de Sinaloa la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste

17 May 2019

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“Esta es la nueva policía que forma Sinaloa, una entregada, honesta y con vocación de servicio”, aseveró el gobernador.

EU señala a exgobernador Roberto Sandoval por vínculos con el narco; Hacienda congela bienes

17 May 2019

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El Departamento del Tesoro de Estado Unidos señaló este viernes al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde San Lázaro. No habrá impunidad con Torruco: AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano.

17 May 2019

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el titular de Sectur federal y su director de Comunicación Social, Héctor Gustavo Armenta faltaron a al ordenamiento constitucional al difundir en cuentas oficiales el video “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024”.

Se fortalecerá campaña de reforestación en Edoméx para proteger y cuidar del medio ambiente: Alfredo Del Mazo

16 May 2019

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Invitarlos a que hagamos una gran conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente, de la protección de nuestros bosques. Vamos a fortalecer nuestra campaña de reforestación ahora que empiece esta temporada de lluvias

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.