Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Tendrán niñas y niños de albergues, la oportunidad de vivir en familia

16 May 2019

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El que un niño esté en el seno de una familia representa realmente una gran felicidad y una gran tranquilidad para ellos, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al presentar el nuevo programa “Familias Solidarias”.

Inaugura Quirino rehabilitación de la carretera Guamúchil-Angostura

16 May 2019

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Quirino Ordaz Coppel coincidió que este tramo estaba muy deteriorado, con muchos baches, que hasta hacían peligroso transitar por ella. Es por ello, dijo, que era una prioridad repararla y hacerlo rápido, debido al intenso flujo vehicular que por aquí transita

Reactiva Quirino Fondo de Vivienda para el magisterio después de 20 años

16 May 2019

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“Puedo decir con satisfacción que el Instituto cuenta con una reserva para fondo de vivienda por un monto al día de hoy de poco más de 217 millones de pesos, y que estamos en la constitución de un fideicomiso que administre de forma transparente dicho fondo”

Labor de maestras y maestros potosinos es fundamental para alcanzar un mejor futuro para SLP: JM Carreras

16 May 2019

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Acompañado de la Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, Carreras López, destacó la gratitud del pueblo potosino con sus docentes, quienes establecen la educación de calidad como el objetivo más importante a seguir

Prevé Jiménez Espriú iniciar a finales de junio obras en Santa Lucía

16 May 2019

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El secretario reiteró que la construcción de la terminal de Santa Lucía la hará el Ejercito Mexicano, sin embargo, necesita de los estudios y manifestaciones ambientales para arrancar los trabajos.

Desde San Lázaro. Legisladores y juzgadores independientes. Por: Alejo Sánchez Cano

16 May 2019

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En el senado se encuentra un bastión contra el autoritarismo. El bloque conformado por los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC se ve cada vez más cohesionado a grado tal que ahora ya salen los cuatro líderes parlamentarios

Anaya reaparece: 'espero que maniobras tramposas jamás se repitan contra candidatos'

15 May 2019

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Ricardo Anaya Cortés, dijo este miércoles que esperaba que las maniobras tramposas nunca se repitieran en contra de ningún candidato o candidata, luego de anunciar que el Tribunal Electoral determinara que, durante la pasada elección presidencial, la Procuraduría General de la República (PGR) afectó la equidad en la contienda en su perjuicio.

Trabajan de manera coordinada autoridades estatales, municipales y federales en el combate de incendios en Edoméx: Alfredo Del Mazo

15 May 2019

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“Y queremos invitar a todas, a todos, a que estos días que no hay una buena calidad del aire evitemos tener actividades al aire libre, que si no es necesario que estén al aire libre es mejor evitar actividades al aire libre y que nos ayuden a prevenir los incendios forestales

Desde San Lázaro. Aún es tiempo de rectificar. Por: Alejo Sánchez Cano

15 May 2019

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En este contexto, la Coparmex CDMX presentó ayer un decálogo al gobierno de AMLO que permitiría reorientar el rumbo hacia un crecimiento del PIB en un rango de por lo menos 4%.

¡Entérate! Amas de casa dedicadas a la producción de artesanías y actividades culturales reciben el #SalarioRosa

14 May 2019

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Alfredo Del Mazo indicó que en esta ocasión el Salario rosa lo recibieron mujeres que se dedican a la producción de artesanías como rebozos, peluches, tapetes, ocoxal, artículos tejidos, así como a la práctica de danzas folclóricas, entre otras actividades

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.