Notas principales

28 Abril, 2026

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Notas principales

Quirino Ordaz designa a Óscar Pérez como nuevo titular de SECTUR

12 Sep 2018

463 veces

Como nuevo titular de la Secretaría de Turismo, el gobernador Quirino Ordaz designó al empresario Óscar Pérez Barros y señaló que es un joven pujante y siempre con buena actitud positiva

Carretera Valles-Tamazunchale dará mayor desarrollo a la huasteca: JM Carreras

11 Sep 2018

628 veces

Carreras López señaló que esta obra forma parte de un trabajo integral que ha emprendido su gobierno, con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, a favor las comunidades indígenas

Entregan apoyos a migrantes sinaloenses repatriados

06 Sep 2018

540 veces

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, dijo que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel quiere darles a las familias que una vez fueron migrantes el lugar que se merecen aquí en Sinaloa.

México requiere del esfuerzo de todas y todos para fortalecer la seguridad: JM Carreras

06 Sep 2018

641 veces

Carreras López, enfatizó en la relevancia que representa en Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el cual se atacará frontalmente la impunidad; capacitación e incrementar la eficiencia de las fuerzas de los tres niveles de gobierno, por ello reiteró sobre el papel que tiene la sociedad para contener el consumo de estupefacientes

Inicia entrega de empleo temporal federal a pescadores del centro del estado

30 Ago 2018

462 veces

Un total de 3 mil 748 familias de pescadores en el estado serán beneficiados con los recursos que el gobernador Qurino Ordaz Coppel gestionó ante la Sedesol

SLP aliado estratégico para un mejor futuro de México: Gobernador Carreras López

22 Ago 2018

694 veces

“Toda nueva etapa requiere diálogo y entendimiento, por ello el foro es un espacio de interlocución entre los empresarios de todo México y el nuevo gobierno, para juntos trabajar por el futuro que todos queremos”.

Secretario Valdés realiza gira de trabajo por el norte del Estado

22 Ago 2018

388 veces

El funcionario estatal escuchó de los productores la necesidad de diseñar estrategias que se requieran para la recuperación de fuentes de agua del subsuelo luego de que la falta de lluvias ha limitado la conservación del vital líquido en las presas.

Desde San Lázaro. Apesta el PRI. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Ago 2018

695 veces

Contra su voluntad, Claudia Ruiz Massieu, asumió la presidente del CEN del PRI, para tan solo navegar de muertito hasta la conclusión formal de su encargo

Desde San Lázaro. Comienza el relevo presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Ago 2018

573 veces

Era muy común para los nuevos funcionarios, encontrarse no solo con las arcas vacías, sino con cero archivos, nada de computadoras y mucho menos información básica que les permitiera conocer, aunque sea en forma mínima

“Soy inocente y la Reforma Educativa se ha derrumbado”: Elba Esther Gordillo.

20 Ago 2018

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“Soy inocente y la Reforma Educativa se ha derrumbado”, así lo manifestó la Maestra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien después de cinco años de estar presa por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y recuperar su libertad, reapareció públicamente ante los medios de comunicación.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.